La Presidenta recurrirá a la Justicia para que se aclare la compra, durante la época de dictadura, de la empresa que produce pasta de celulosa para fabricar el papel para 170 periódicos de todo el país

La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que enviará un proyecto al Congreso que regule la actividad de la empresa Papel Prensa. La iniciativa prevé que se declare de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, sobre el que reclamó un “tratamiento igualitario” para todos los diarios del país.
En su discurso, que se prolongó durante más de 70 minutos, pidió además la “construcción” de una Comisión Bicameral que controle el marco regulatorio del funcionamiento de Papel Prensa, con la participación de representantes del Congreso en el directorio de la empresa que controlan Clarín y La Nación, en la que el Estado tiene un 27 por ciento del paquete accionario. “Queremos que los legisladores y partidos políticos, opinen y voten como mejor les parezca”, señaló Cristina.
Durante la presentación del informe, la Presidenta aclaró que “el proyecto de ley preverá inversiones, para que todo sea de producción nacional”.
La Presidenta se dirigió en cadena nacional para explicar las razones por las que el Gobierno se dispone a avanzar sobre la gestión de Papel Prensa. Con recurrentes menciones a episodios vividos por la Argentina durante la última dictadura militar, en medio de risas y aplausos de los funcionarios presentes en la Casa Rosada, criticó a las dos empresas periodísticas; a sus directivos y los acusó de “apropiación” de la fábrica de papel. Hubo escasa presencia de empresarios y no asistieron representantes de la oposición política.

De manera fraudulenta
La primera mandataria anunció, además, que su administración llevará a la Justicia el informe que presentó ayer, denominado Papel Prensa. La Verdad, donde acusa a Clarín y La Nación de apropiarse de manera fraudulenta del control accionario de la compañía donde es socio minoritario el Estado.
Según Cristina,  “estos expedientes serán presentados por el procurador del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos antes los estrados que correspondan para juzgar los hechos”, dijo.
En una pieza oratoria más ligada a su trayectoria parlamentaria,  Fernández relató, con ayuda de filminas y citas textuales documentales, la versión oficial sobre la historia de Papel Prensa.
El relato estuvo precedido de una ironía sobre el Editorial que tanto Clarín y La Nación publicaron el domingo pasado, donde denunciaron la intención del Gobierno de “avanzar sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa”. Según la primera mandataria, el artículo de ambos matutinos es una “confesión de parte”, de que ellos “controlan la palabra impresa”. Cristina advirtió que “coincido con Clarín: quien controla Papel Prensa, controla la palabra impresa”.
La Presidenta ofreció una sintesis del informe, realizado bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno. Mientras hablaba, a su derecha podían verse, apilados, los varios cuerpos de documentación que insumieron las 26 mil fojas del informe.
La jefa del Ejecutivo recordó cómo fueron los orígenes de la empresa y cómo pasó a quedar en manos de sus actuales accionistas privados, en el contexto de la dictadura militar. Cristina buscó refutar, uno a uno, las distintas críticas que tanto Clarín como La Nación anticiparon acerca de la versión del Gobierno. Advirtió que varios de los miembros de la familia de David Graiver, ex dueños de la mayoría del paquete accionario, “sólo gozaban de libertad ambulatoria” cuando firmaron el traspaso de la propiedad.  “Esta libertad en la que se encontraban la presevaron sólo a los efectos de poder firmar la transferencia, luego de eso fueron secuestrados y torturados”, contó la Presidenta.
Fernández centró también su denuncia en el presunto hallazgo de documentación que probaría la existencia de un denominado “pacto de sindicalización de aciones”, suscripto por Clarín, La Nación y La Razón, especie de acuerdo secreto por el que las tres empresas habían conformado un “Comite Directivo” para dirigir la empresa a espaldas del Directorio de accionistas.
En otro pasaje muy significativo de su discurso, Cristina dijo que “el Gobierno no quiere apoderarse de la empresa”, frase a la que le siguió un sugestivo: “No seré funcional a eso”. Esto en un contexto en el que las versiones indicaban que su Administración, en particular por iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, apuntaba a una suerte de estatización de la empresa o mediante el agravamiento de la  intervención directa del Estado en la gestión de la compañía, desplazando a los accionistas privados.