Los embarcaron hacia Bucarest, Rumania. El 48% de los franceses aprueba el proceso de deportación familiar

Con los pasajeros de los vuelos que salieron ayer de París y Lyon, ya son 8.131 los gitanos que fueron expulsados de Francia este año, frente a los 9.875 de todo 2009. Los destinatarios del llamado programa de retorno voluntario francés reciben 300 euros por dejar el país, y 100 euros por cada hijo que tengan. Muchos aseguran que volverán a Francia en cuanto puedan, y como ciudadanos de la Unión Europea tienen todo el derecho a hacerlo, aunque necesitarán un contrato de trabajo para poder quedarse más de tres meses.
Las expatriaciones de ayer responden a las intenciones manifestadas por el ministro de Inmigración francés, Eric Besson, de “acelerar las expulsiones de búlgaros y rumanos” residentes en Francia.
Velentin Mocanu, secretario de Estado de Rumania encargado de las cuestiones relacionadas con los gitanos romanís, que está en visita oficial en París, solicitó a las autoridades francesas un esfuerzo para mejorar la comunicación “para ayudar a la sociedad civil a entender mejor la situación” de esta población, y evitar brotes de racismo y xenofobia.
Mocanu, en respuesta a la petición de Francia de mejorar la integración de los gitanos, aseguró luego de reunirse con varios ministros franceses que “se pondrán en marcha medidas inmediatas para ayudar a las familias a establecerse” y prometió acciones más amplias en áreas como la salud, el empleo y la educación.
El gobierno de Sarkozy recibió fuertes críticas internacionales –de la ONU, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Vaticano– y de partidos de derecha e izquierda franceses, incluyendo a algunos miembros del UPM, su propia formación, por su política de expulsión.
El ministro de Interior, Brice Hortefeux, justifica las acciones contra los gitanos por el aumento de la tasa de delincuencia entre los inmigrantes rumanos en la región parisina.
Le dan la razón el 48 por ciento de franceses que apoya estas medidas, mientras el 42 por ciento de los encuestados se opone, y un 10 por ciento no ha contestado.