La marcha de muchos ilegales en busca del “sueño americano” termina siendo costosa y peligrosa. Los gobiernos latinoamericanos le reclaman a México mayor rigor frente al crimen organizado

Hermelindo Maquín salió de su hogar en los campos guatemaltecos a principios de agosto, dejando atrás su pequeña granja y a su esposa embarazada mientras comenzaba un largo y arriesgado viaje hacia Estados Unidos. Semanas después, el cuerpo vendado y ensangrentado del joven de 24 años fue encontrado en un remoto rancho. Fue uno de los 72 centroamericanos y sudamericanos ejecutados por los narcotraficantes que extorsionan a los inmigrantes en México.
La masacre fue otro siniestro episodio de la guerra contra el narcotráfico en México, que dejó 28.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón comenzó a combatir a los cárteles a fines de 2006 y que se intensificó a medida que éstos prueban nuevos caminos para ganar terreno.
Los familiares de Maquín y de otros inmigrantes provenientes de lugares más lejanos como Brasil cayeron en conmoción al escuchar sobre la masacre, atribuida supuestamente al brutal cártel de los Zetas, casi al final de un largo viaje en donde los “sin papeles” estaban a sólo 150 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos.
“Rezábamos por ellos. Estábamos preocupados por las inundaciones y por el hecho de que no tenían dinero ni comida. Pero nunca pensamos que pasaría esto”, dijo uno de los parientes de Maquín en Guatemala, quien pidió no revelar su nombre por miedo a represalias.
El Estado de Tamaulipas, donde ocurrió la matanza, es escenario de violentas luchas entre el cártel del Golfo y los Zetas, su ex brazo armado. La masacre desató la protesta de líderes latinoamericanos quienes se quejaron de que México ha fallado en proteger a los inmigrantes, a pesar de que el país denuncia el maltrato de mexicanos en Estados Unidos.
“Sentimos que México necesita reaccionar y actuar de manera responsable y demostrar que puede controlar a las organizaciones criminales y a los traficantes de personas”, dijo el canciller de Honduras, Mario Canahuati.
   Innumerables inmigrantes viajan 3.000 kilómetros a través de México para tratar de encontrar trabajo en Estados Unidos, sea por automóvil, en camión o a pie, algunos aferrados a la parte superior de los trenes de carga o escondidos en compartimientos secretos construidos en camiones de carga. Algunos inmigrantes pagan hasta 10.000 dólares a los traficantes que prometen pasarlos a Estados Unidos. Muchos otros ven terminar sus viajes en robos, asaltos o arrestos.
   Los peligros se agravaron últimamente ya que los cárteles han expandido sus funciones al tráfico de personas, explotando a vulnerables y anónimos inmigrantes que llevan drogas a través de la frontera estadounidense o a cuyas familias pueden extorsionar para luego exigir un rescate. La policía mexicana es muchas veces acusada de entregar a los inmigrantes a los cárteles a cambio de un soborno.
A pesar del alto desempleo en Estados Unidos, mucha gente aún hace el largo, costoso y peligroso viaje a este país, hogar de un estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados. El dinero enviado a casa por los que trabajan en Estados Unidos es crucial para las familias pobres en países como Honduras, donde las remesas son el equivalente a una quinta parte del Producto Bruto.
Un inmigrante hondureño, quien se identificó sólo como Alex, se refugió en una iglesia, a manera de albergue, cerca de la Ciudad de México, mientras que su hermana, quien viajaba al norte con él, se recupera tras haberse cortado la pierna luego de caer de un tren de carga.

El sueño se terminó
Los peligros que enfrentan los inmigrantes en México obligaron a Alex a abandonar sus planes de hallar trabajo en el país del norte. “Les digo a mis compatriotas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala que este sueño nuestro ha terminado”, expresó. Aun así, Valdete Wilemam, una monja que trabaja con deportados en Honduras, dijo que la desesperante pobreza hace que muchos corran riesgos una y otra vez.
“Los centroamericanos no van a dejar de ir a Estados Unidos, aunque sepan que están en peligro”, dijo. El secretario de Gobernación en México, Francisco Blake, prometió esta semana que el gobierno redoblará los esfuerzos para proteger a los inmigrantes.
Esa promesa llega demasiado tarde para Jorge Sevilla, de 27 años, quien fue uno de los 21 hondureños asesinados en Tamaulipas. “El quería darle a sus hijos una mejor vida y vea lo que encontró”, se lamentó Wilson, hermano de Sevilla.
Hermelindo Maquín y dos parientes con quienes viajaba llamaron a casa cuando llevaban cerca de una semana en su viaje desde Guatemala para decir que habían logrado llegar a Veracruz. Los inmigrantes dijeron a sus parientes que habían logrado encontrarse con un coyote quien los llevaría a Estados Unidos por 2.500 pesos cada uno. Esa fue la última vez que su familia oyó de ellos.