La diputada presentó un pedido de informes, por los elevados costos de la trasmisión de los partidos. Dijo que la Presidenta y Fernández “mintieron”

Al final de la fiesta habrá que pagar las cuentas. Ése parece ser el razonamiento que sigue la diputada porteña Silvana Giudici (UCR) para denunciar la enorme transferencia de dinero público para solventar los gastos del programa oficial Fútbol Para Todos.
Giudici, junto a su colega Gustavo Cusinato (UCR-Entre Ríos), presentó un pedido de informes por supuesto sobreprecios en la televisación del campeonato de la AFA.
Ya en la sesión del miércoles pasado, Giudici había anticipado en el debate por la creación del Ente Deportivo de Alto Rendimiento que el financiamiento que se buscaba imponiendo el 1 por ciento en concepto de impuestos a la tarifa de celulares era ilegítimo y que los recursos debían provenir según prometió la presidenta Cristina Fernández de las ganancias que iba a producir la estatización de los derechos televisivos del fútbol, a cargo de la empresa La Corte.
“Ese impuesto es la admisión oficial de que la transmisión del fútbol va todo a pérdida”, señaló la diputada radical, y sentenció: “Tanto la Presidenta como Aníbal Fernández mintieron. Les dijeron a los argentinos que el fútbol no les iba a costar un centavo y que las ganancias producidas iban a ser para financiar el deporte olímpico, resulta ahora que ya se comprometieron más de 700 millones para el fútbol que pagaremos todos mientras sólo se recuperó menos del 1 por ciento del contrato. Pero, además, le quitan dinero a los usuarios de celular para promover el deporte olímpico”.
La empresa La Corte es propiedad de los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, histórica contratista del Estado y con fuerte vinculación con el kirchnerismo. La productora ingresó al mundo K de la mano del ex vocero presidencial Miguel Núñez. Comenzó transmitiendo los recitales en la Casa Rosada y luego extendió su actividad hasta entrar, junto con el gobierno, al negocio del fútbol.
La diputada porteña siguió aportando cifras del despilfarro. “Para este año había comprometido recursos que superan ampliamente los 600 millones originales de la firma con la AFA, a los que deben sumarse otros 57 millones más en concepto de publicidad oficial, 62.521.000 por transmisiones satelitales que fueron adjudicadas a la empresa La Corte y ocho millones en concepto de contratación de móviles con ocho cámaras (este servicio se pagará un 257 por ciento más que lo que pagaba TyC), es decir más de 727 millones por lo que deberán rendir cuentas los funcionarios responsables de contratar esos servicios”, denunció.
“Todo esto constituye una verdadera malversación de los recursos públicos y de los usuarios”, consideró la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.