Los acusan de liquidar rendiciones de cuentas utilizando comprobantes de gastos conformados por facturas apócrifas, que eran emitidas por comerciantes locales con mercaderías inexistentes

Cuatro oficiales superiores de la Unidad Regional XII de Policía de la ciudad de Tostado fueron procesados el pasado 18 de noviembre por hechos de corrupción económica denunciados hace dos años por un subcomisario.  Los policías acusados eran quienes hasta septiembre del año pasado comandaban la regional del departamento Nueve de Julio.
Se trata de los jefes de la URXII, Carlos Homero Hernández y Marcos Darío Ayala. También dictaron idéntica medida al habilitado o administrador de fondos de ese distrito, subcomisario Néstor Hugo Cejas, y el jefe de Logística, Pablo Marcelo Rodríguez.
Asimismo, el juez a cargo de la causa, Manuel Games, les confirmó la libertad provisional oportunamente concedida a los cuatro imputados y les trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir 10 mil pesos a cada uno.
En la misma resolución, el magistrado a cargo del juzgado Penal de Instrucción, Correccional y Faltas de esa ciudad del norte provincial, dictó la falta de mérito para Benigno Antonio Belén, Pedro Irineo Díaz y Paola Soledad Budiño que también estaban imputados de los mismos delitos.

En disponibilidad
En septiembre de 2008 el Ministerio de Seguridad de la provincia había ordenado la intervención de la Unidad Regional de Tostado luego de que una serie de allanamientos judiciales constataran fuertes irregularidades en el manejo administrativo de esa departamental. La situación descubierta sugería la existencia de un fraude económico reiterado en el tiempo e implicó entonces el pase a disponibilidad de los jefes de esa regional.
Todo derivó de la denuncia formulada hace dos años, en noviembre de 2007, por el subcomisario Máximo Miguel Pagura, hoy de 41 años, en el juzgado Correccional a cargo de Julio César Clementín.
Pagura aludió entonces a una secuencia de maniobras económicas con proveedores de bienes y servicios de la unidad regional: pago de sobreprecios en reparación de patrulleros y desvió de fondos previsionados para las raciones alimentarias del personal, entre ellas.
La denuncia le valió a Máximo Pagur, entre otras cosas, que fuera trasladado a cumplir funciones en una dependencia policial de la ciudad de San Cristóbal. Después, llegó un pase a disponibilidad -donde se debe entregar el arma reglamentaria y la credencial-, situación que no hace mucho se revirtió.
Después de haber transitado pasillos y oficinas tanto policiales (en este caso hasta el nivel de Jefatura de Policía de Provincia, con escritos pertinentes) como judiciales, Pagura logró que en el marco investigativo se decidiera el relevo del jefe y subjefe de la Unidad Regional XII, y algunas otras instancias afines a la causa iniciada tras su denuncia.

Las maniobras
La resolución del juez de Tostado, Manuel Games, destaca que las maniobras de los acusados consistían “en liquidar rendiciones de cuentas ante las Direcciones de Administración, tanto de la policía como del Ministerio de Seguridad, utilizando comprobantes de gastos conformados por facturas apócrifas emitidas por comerciantes locales que contenían mercaderías o servicios inexistentes o en exceso, aumentando irrealmente los montos liquidados”.
Los delitos atribuidos son “exacciones ilegales, falsificación , supresión o destrucción de documento privado, peculados reiterados con falsificación de documento privado, peculado de servicios, tentativa de exacciones ilegales y defraudación a la administración pública”.
El comisario mayor Hernández y el comisario inspector Ayala fueron considerados por el juez Games como coautores de los mencionados delitos; en tanto, el subcomisario Cejas y el subcomisario inspector Rodríguez, partícipes principales.