La Asociación del Crecimiento del Noreste Santafesino surgió para ayudar a productores. Hoy hay más de 230 ruralistas damnificados. Se intervino la entidad e investigan el destino de los fondos

La Asociación del Crecimiento del Noreste Santafesino (Acrenes), surgió como una entidad destinada a ayudar a los productores de la zona. Entre sus objetivos, esta institución compuesta por municipios y comunas del norte del departamento General Obligado, tenía la meta de acercar a los cañeros, fundamentalmente, y a los algodoneros herramientas crediticias que les permitieran superar las situaciones de ahogo financiero.
Sin embargo, los malos manejos y las irregularidades cometidas por las autoridades de esa Asociación llevaron a que productores de Florencia, departamento General Obligado, realicen una denuncia y la provincia decida la intervención de Acrenes.
A partir de ese momento Robert Cano, el interventor designado, comenzó a desandar un camino sinuoso de balances mal confeccionados o inexistentes, pagarés nunca cobrados, documentos no registrados y muchas irregularidades que se cometieron con fondos públicos.
Cano le enumeró a Diario UNO algunas de las irregularidades que se constataron: “La Dirección de Personería Jurídica y el fiscal de Estado pidieron los datos de esa asociación y se constató que había doble libro de actas, doble libro de caja, irregularidades de todo tipo, balances no aprobados desde 2002 en adelante, entre otras cosas”.
“Cuando nos pusimos a realizar la tarea de recopilar datos nos encontramos con un desorden administrativo enorme. Los balances no resistían el análisis de un estudiante de ciencias económicas de primer año”, agregó.
“En ese desorden administrativo –siguió– nos fijamos dos prioridades: una es resolver la situación de los productores afectados que están todos inhibidos en el banco por unas deudas que se aplicaron mal. Las partidas de los créditos que vinieron, se llaman Recupro y eran para la siembra de algodón y para paliar la corriente del Niño. Esas líneas ya venían con intereses incluidos y acá se volvieron a cobrar intereses y se agregaron documentos. Fue un manejo bastante complicado donde nosotros estamos analizando caso por caso lo que debe cada productor. Estamos viendo si se les cobró, si se lo hizo bien, y cuánto le deben a Acrenes”.

El camino a la Justicia
El primer análisis parcial que surgió del entrecruzamiento de datos aportados por el Nuevo Banco de Santa Fe, el Ministerio de la Producción y la información aportada por los propios productores, arroja el siguiente resultado: los productores afectados son más de 230 y entre todos suman una deuda de aproximadamente 150 mil pesos.
“El otro punto que queremos resolver es una deuda, un juicio que tienen todos los municipios y comunas desde El Sombrerito hasta Florencia, que son los fundadores de Acrenes, con la empresa multinacional Zaf. En su momento esa firma pagó por una compra de ocho mil toneladas de melaza, de las cuales Acrenes sólo le entregó 180 toneladas. Hoy todos esos municipios y comunas están en juicio”.
Por otra parte, Cano remarcó: “No hay que olvidarse que esos fondos son públicos que vinieron de la provincia para prestar, recuperar el dinero y hacer una especie de banco solidario para socorrer a los productores en una emergencia”.
“Pero también detectamos que hubo créditos otorgados para la campaña de siembra de algodón 2000/2001 por un monto de 46 mil pesos dólares en ese momento, los cuales nunca fueron reclamados. Tenemos en mano los pagarés firmados de quienes recibieron ese crédito y nunca fue reclamado por Acrenes”, añadió el funcionario.
“Ahora –aseguró–, el Tribunal de Cuentas nos está reclamando, de esos 46 mil pesos, 11 mil que nunca fueron rendidos desde el año 2000 hasta hoy. También nos reclaman una partida de 60 mil pesos para la reparación del ingenio Las Toscas que tampoco fue rendida, o fue mal rendida. Por eso con fecha de septiembre de 2006 está la intimación del Tribunal de Cuentas para devolver ese dinero a la provincia, cosa que las autoridades de ese momento ni siquiera le contestaron”.

—¿Quiénes eran las autoridades de ese momento?
—Las autoridades estaban presididas por el intendente de Las Toscas, Darío Vega. Sucedieron todas las irregularidades que uno se puede imaginar, desde inexistencia de balances hasta mandatos cumplidos y vencidos, no hubo asambleas.

—¿Todo el período donde hubo irregularidades fue presidido por Vega?
—Hasta el año 2002 hubo un balance que fue muy cuestionado. Pero a partir de ahí no se aprobó más un balance. Según dicen todos los presidentes comunales, ellos no participaron más. El que quedó al frente fue el intendente de Las Toscas con una contadora. Vega alegaba que él invitaba a las reuniones, pero que nadie concurría. No obstante, ellos seguían funcionando y cobrando los créditos Recupro a los productores. Pero no intimaban las acreencias grandes que tiene Acrenes, como los 400 mil pesos que debe el ingenio Inaza y tres documentos de 102 mil dólares que debe la Cooperativa Agroindustrial Arno. Esas son acreencias que tiene Acrenes.

—Estos ilícitos que usted denuncia, ¿ya están en manos de la Justicia?
—Cuando termine mi trabajo como interventor voy a elaborar un informe con todos estos datos y en ese momento el fiscal de Estado es quién va a tomar las determinaciones de investigar y determinar si hubo o no delitos y seguir las acciones judiciales que correspondan. Estoy trabajando con el asesoramiento del contador Gustavo Franzoi y del abogado Norberto Fián. Con ellos estamos tratando de armar el rompecabezas que significa esto. Cualquier club barrial, hoy, debe tener mucho más en orden los papeles que Acrenes.

—¿Cuándo finaliza su intervención?
—La intervención es por tres meses pero puede ser renovable y vence en diciembre. El 19 de septiembre fui puesto en funciones. Desde ahí venimos trabajando en reordenar todo esto, sin datos, tuvimos que recorrer las localidades, recopilar papeles, fuimos productor por productor, algunos tienen recibos que no nos figuran en el libro caja y ellos pagaron, otros figuran que pagaron y no tienen los comprobantes.
Al día de hoy sólo falta una resolución del Ministerio de la Producción –que ya fue pedido por escrito a Juan José Bertero, titular de esa cartera– para cerrar el informe que se elevará a la Justicia. En 1999 el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio fue el encargado de enviar un subsidio por 102 mil pesos. La documental requerida permitirá conocer y certificar el destino de ese dinero.
Una vez que se cuente con esa información se elevará el informe a la Justicia y se haría un ofrecimiento a los productores, damnificados por los manejos irregulares, de cancelar la deuda sólo cobrándoles el capital original y haciéndose los descuentos de los pagos que hubieran efectuado. Por si todo eso fuese poco, Acrenes registra deudas con Afip –cuyos montos se están determinando– por no hacer los aportes correspondientes a sus empleados en el año 2001. Acrenes hoy parece un claro ejemplo de cómo, ante la ausencia del Estado, se prolongó la fiesta de los 90 en Santa Fe.