El máximo tribunal provincial calificó de improcedente la apelación del fiscal de Estado contra una medida judicial a favor de detenidos en sedes policiales

La Corte Suprema de Justicia provincial rechazó por improcedente un recurso de inconstitucionalidad presentado en su momento por la provincia contra el hábeas corpus colectivo y correctivo intentado por los defensores generales penales a favor de detenidos en comisarías.
El ministro Mario Netri dijo que “la problemática referida a las condiciones edilicias y de infraestructura de las comisarías, especialmente las seccionales 2ª,4ª y 10ª subsisten, observándose una leve mejoría en las condiciones de alojamiento, por lo que la sentencia del juez Julio César Costa atacada, se ajusta a derecho”.
Además consideró que “no ha sido vulnerada norma procesal alguna, quedó enhiesta la intimación formulada por el magistrado para el cumplimiento de las mejoras para que las unidades policiales hagan cesar las condiciones que agravan el estado de detención de las personas allí alojadas”.
Cabe destacar que hubo dos audiencias públicas pedidas por la provincia, a la que asistieron todos lo ministros de la Corte, los defensores penales, el fiscal de la provincia y el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca.
El Ejecutivo prometió ampliar cárceles, comprar colchones, ingreso de personal penitenciario, y otras medidas. “Eso no es de lo que se trataba. La política carcelaria es cosa del Ejecutivo y que las cárceles sean sanas y limpias depende de los jueces”, aseguró un vocero consultado.

Hace más de un año
En septiembre de 2008 el juez Costa otorgó un hábeas corpus a favor de los presos alojados en comisarías de la Unidad Regional I de Policía de Santa Fe. La medida había sido solicitada por los defensores generales en virtud de las “condiciones infrahumanas en que estaban alojadas 119 personas” en comisarías de La Capital.
Notificada la medida al fiscal del tribunal, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, pidió la inconstitucionalidad de la misma ya que consideró que la decisión de la Justicia generaría “un conflicto de poderes”.
Para el fiscal de Estado el Poder Judicial se estaría inmiscuyendo en el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la resolución de primera instancia siguió su curso por lo que los detenidos continuaron ingresando al Servicio Penitenciario.