A través de un decreto del gobernador Hermes Binner, la Legislatura santafesina podrá tratar la adhesión a la ley nacional de tránsito y seguridad vial, que tiene varias innovaciones normativas

Desde hace un lustro la provincia de Santa Fe ocupa el segundo lugar –a nivel nacional– en cantidad de muertos en ocasión de accidentes de tránsito, según la Asociación Luchemos por la Vida. Por su parte, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) informó que en el Gran Santa Fe, entre 1983 y 2008, se produjo un accidente cada 51, hay un lesionado cada cuatro horas y una persona fallece cada seis días como consecuencia de los siniestros.
Ante esa situación, el gobernador Hermes Binner decidió habilitar para su tratamiento en el período extraordinario de sesiones de la Legislatura el proyecto de adhesión a la ley nacional de tránsito que, entre otras cosas, posibilitará tener más elementos normativos que sirvan para construir una nueva cultura frente al volante. Para ello, la Cámara de Diputados de la provincia deberá analizar la iniciativa que desde hace tres meses espera que alguno de sus integrantes se acuerde de tratarla en las comisiones pertinentes.
La idea del Poder Ejecutivo es contar en los próximos meses con las nuevas disposiciones que contiene la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 26.363, pero además, en el proyecto que aguarda su tratamiento en Diputados se incluyeron algunas innovaciones propias –de la administración del Frente Progresista– a fin de adecuar el ordenamiento legal de la provincia a la nueva dinámica regional y nacional en la materia.
El proyecto ingresado a la Legislatura tiene como objetivo adherir a las modificaciones de la Ley 26.363, promulgada en 2008, donde la provincia busca atender las demandas de municipios y comunas de contar con un texto legal que regule la seguridad vial en forma integral. Algunas de las innovaciones más importantes que plantea la norma son: las licencias de conducir por puntos, tener una Justicia de faltas municipal, prohibir los polarizados y contar con un organismo auditor.
En ese contexto, uno de los avances más importantes en materia vial lo constituirá la creación de un Sistema Provincial Único de Licencias de Conducir, que pretende complementar y superar los estándares y requisitos mínimos de exigencia establecidos en la actual ley nacional. Se establece, a su vez, una licencia de conducir única y uniforme en todo el territorio santafesino.
También dispone como requisito que, además de la aprobar los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, se tendrá en cuenta la existencia de antecedentes por infracciones y, según lo establezca la reglamentación, se deberá asistir a un curso teórico práctico de educación y formación vial.
Asimismo, se impone la obligación de consultar el registro Provincial y Nacional de antecedentes de tránsito previamente a otorgar la licencia de conducir. El proyecto de ley también prevé implementar el sistema de puntos para el otorgamiento y caducidad de la vigencia de la licencia de conducir.
La quita de puntaje, que deberá asentarse en este registro provincial y también será incluida en el sistema nacional, se producirá de acuerdo a la gravedad de la falta cometida y tendrá como sanción máxima la quita de la licencia de conducir con el pago de fuertes multas. A su vez, se restarán dos puntos para las contravenciones leves, cuatro o cinco puntos para las infracciones graves y 10 para las muy graves.

Justicia de Faltas provincial
Otro aporte importante que se realiza en el proyecto enviado a la Legislatura es la creación de la Justicia Administrativa Provincial de Faltas de tránsito y seguridad vial que, como nueva instancia administrativa santafesina tendrá la finalidad de atender en todas las causas generadas por el labrado de actas por infracciones de tránsito ocurridas en rutas y caminos provinciales y nacionales, aportando celeridad e inmediatez a los procedimientos.
Además, la iniciativa fija que la edad mínima para la conducción de vehículos en la vía pública sea mayor a la dispuesta en la ley nacional, con el criterio de que los jóvenes son el grupo de mayor vulnerabilidad, y recordando que para los menores de 30 años la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. Así, se fija en 21 años la edad mínima para obtener la licencia de las clases C, D y E (carné profesional); y 18 años para las restantes clases.
Dado que los motociclistas son un grupo de riesgo en la circulación vehicular, se establece que es obligatorio para el concesionario o vendedor de rodados la venta conjunta del casco, por la importancia que este elemento de seguridad tiene al prevenir la muerte o lesiones serias en la cabeza en caso de colisiones. Este último punto deberá ser fiscalizado por los municipios y comunas que adhieran a la nueva normativa.

Otras disposiciones
En cuanto al control preventivo, en el proyecto se establece que “negarse a realizar la prueba de alcoholemia” constituye una “conducta ilícita autónoma de gravedad similar a una alcoholemia grave”. Por otra parte, se dispone la posibilidad de remitir el vehículo al depósito oficial en caso de alcoholemia positiva o falta de uso del casco protector.
En la adhesión a la ley nacional de tránsito y seguridad vial, también, se aprueba que la Agencia Provincial de Seguridad Vial –que hasta el momento tiene el carácter de subsecretaría– pase a ser una entidad autárquica, lo cual coincide con la reciente legislación nacional, que pretende que la prestación de servicios se realice de manera eficiente, con autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión. Para ello, se creará un fondo especial de Seguridad Vial, para atender determinados fines específicos inherentes a la seguridad vial.
Por último, el proyecto habilitado para su análisis y debate establece que el total de lo recaudado en concepto de multas se afecte y destine específicamente al desarrollo de programas y acciones vinculados con la educación y seguridad vial.