Santa Fe entregó desde 2008 este documento a 19 mil personas. Permite acceder a las prestaciones básicas en salud, educación y ayudas personales

El 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (ONU) propone en esta fecha sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con esta problemática y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas en esta condición.
También busca promover la toma de conciencia sobre la necesidad de una integración plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Sin desatender a estas consignas, la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe centró sus esfuerzos –que van más allá de una simple efemérides o de una campaña y constituyen una política permanente– en garantizar el acceso al Certificado Único de Discapacidad.
Por eso, a partir de ese día, profundiza una estrategia de difusión sobre la importancia de este documento, apoyada con materiales gráficos, que circularán en diversos espacios sociales, y que se implementa de manera articulada con los organismos gubernamentales, no gubernamentales, y trabajadores de la salud en cada uno de los nodos regionales.
Estas acciones de comunicación buscan acompañar y consolidar las políticas de certificación en la provincia que, en la actual gestión, han dado muestras de su eficiencia.
Tanto es así que la Subsecretaría de Inclusión entregó, desde 2008, el Certificado Único de Discapacidad a 19 mil santafesinos.

Derechos garantizados
De esta manera, sumando los existentes a 2007, totalizan 44 mil las personas con discapacidad que han accedido a sus derechos.
El otorgamiento de este indispensable documento y la eficientización de su entrega constituyeron acciones distintivas de las políticas hacia este sector de la sociedad.
Al respecto, la titular del organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, psicóloga Silvia Tróccoli, indicó que “este documento permite acceder a las prestaciones básicas en materia de salud, educación y ayudas personales, contempladas en las leyes nacionales y provinciales, que garantizan el ejercicio de los derechos de las personas con esta condición, y establece las obligaciones del sector privado al respecto”.