Las desigualdades del financiamiento educativo en Santa Fe y las provincias

El director del programa de Educación del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Axel Rivas, estuvo en Santa Fe para dar a conocer los datos del monitoreo realizado sobre el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. En diálogo con Diario UNO indicó que la provincia sobrecumplió los objetivos y explicó a qué se deben las diferencias económicas entre las provincias, en especial, en materia de inversión educativa.
La legislación establece que entre 2006 y 2010 las provincias y la Nación debían incrementar el porcentaje del PBI que se destina a educación hasta llegar al seis por ciento; y promover ciertas políticas que mejoren la calidad educativa.
“La idea es hacer un panorama comparado de las provincias, mostrar la situación de Santa Fe y entender un poco la importancia del financiamiento educativo como un aspecto fundamental del derecho a la educación. A veces se ve sólo la economía y hay que tratar de entender cómo los recursos del Estado garantizan derechos sociales, entre ellos el educativo”, indicó.
Al respecto señaló que se ha dado un gran avance con un sobrecumplimiento de las metas pero con desafíos pendientes. “Creo que uno de los problemas está en distribuir más justamente los recursos y lograr convertirlos en políticas para mejorar la educación. Existen enormes desigualdades en las capacidades de financiar la educación y, entre ellas, las provincias más perjudicadas son las que tienen más población como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que están afectadas por la baja coparticipación y eso hace que tengan que hacer un enorme esfuerzo para financiar sus sistemas educativos”, indicó el máster en Ciencias Sociales.

Injusticias entre provincias
El mayor inconveniente que presenta la ley es que no resuelve las diferencias entre las provincias, fundamentalmente por los ingresos que se siguen basando en la coparticipación. “Hay injusticias entre las provincias en cuanto a los recursos que tienen y los que destinan a la educación. La mejor forma de comparar la situación del financiamiento es utilizando dos indicadores: cuánto logra invertir el Estado por cada alumno que asiste al sistema educativo y cuál es el esfuerzo que hace cada provincia para financiar la educación”, explicó Rivas.
En el primer indicador (cuadro 1, columnas 3 y 4) se ven las profundas disparidades. Tierra del Fuego, por ejemplo, destinó 10.600 pesos por año por alumno y Salta 1.600 pesos por alumno. “Imagínense las desigualdades de esos dos extremos. Eso se ve en los salarios docentes, en la capacidad de crear cargos y escuelas”, explicó Rivas y agregó: “Las desigualdades entre las provincias tienen origen en nuestra estructura de federalismo fiscal, cómo en la Argentina repartimos los recursos entre las provincias”.

Un problema histórico
En el segundo indicador (cuadro 1, columnas 1 y 2) se puede observar qué porcentaje del gasto de la provincia se destina a la educación. Buenos Aires y Santa Fe lideran ese ranking, por encima del promedio nacional del 27,40 por ciento. Para entender eso es necesario conocer los recursos con los que cuenta cada provincia (cuadro 2). Allí se observa que, en 2007, Santa Cruz tenía 11.781 pesos para gastar por año por habitante; y, en el extremo opuesto, Buenos Aires tuvo 1.878 pesos por cada persona.
Esas cifras están conformados por los recursos coparticipables, fiscales de origen nacional y provinciales. Se puede observar que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe son las que menos aportes de la Nación reciben; mientras que Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca son las que más reciben. “Esto es el resultado de un federalismo muy desigual. La causa principal es la coparticipación, un sistema impositivo de los años 30 que recauda los recursos por vía nacional a través de los impuestos y los distribuye a las provincias para cubrir las necesidades centrales de la población. El problema es que lo distribuyen de manera extraordinariamente injusta y arbitraria. Hay provincias muy beneficiadas y otras muy perjudicadas, en especial las que tienen mayor población”, indicó el director del proyecto de monitoreo.