Es por el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de octubre pasado que beneficiaba en su reclamo indemnizatorio a un afectado por el ingreso del río Salado a la ciudad de Santa Fe

La provincia presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de octubre pasado que beneficiaba a un damnificado por la inundación de 2003 en su reclamo por daños y perjuicios.
Cabe recordar que parte del fundamento de la Sala I de la Cámara era considerar que hay varias razones para imputarle un daño a una persona, por ejemplo, la negligencia, la impericia, la generación de un riesgo, las fallas objetivas de un servicio público.
Tradicionalmente, la Corte Suprema provincial ha considerado que la responsabilidad del Estado es por falta de servicio (esto es, prestación irregular). “Esa idea –se sostiene– genera responsabilidad sin culpa: el juez para imponerla no necesita indagar si hubo una responsabilidad personal de alguien y si ese «alguien» actuó en forma imprudente o negligente”, explicaron fuentes de la fiscalía de Estado que dialogaron con Diario UNO.
Por lo tanto, decía la Cámara en sus fundamentos, “no hace falta esperar el juicio penal”, que es un juicio basado en la culpa. La provincia puso en discusión esa postura de los jueces ya que la falta de servicio es, precisamente, una responsabilidad subjetiva, no objetiva.
“La responsabilidad del Estado por falta de servicio tiene lugar cuando «el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente» debiendo valorarse la relación causal entre la mala organización del servicio y el daño infringido, por lo que se debe responder por los daños que sufran los administrados, sin que sea necesario acreditar la culpa de un funcionario”, dijeron los voceros. sobre el recurso presentado.

Falta de servicio
“La idea de falta de servicio constituye un factor de atribución que es esencialmente subjetivo. La falta de servicio presupone necesariamente la existencia de algún tipo de culpa (negligencia, impericia, imprevisión) en algún nivel de la organización estatal”, dice la presentación realizada ante la Corte y a la que tuvo acceso Diario UNO.
“No altera esa conclusión que dicha culpa sea anónima o colectiva. En todo caso el mérito de la teoría de la falta de servicio consiste en no requerir por parte del particular damnificado la individualización del culpable pero sí debe evidenciar la deficiente prestación en el marco de las competencias del órgano”, explicaron las fuentes.
Es decir que la falta de servicio se conecta con la idea de culpa, en el entendimiento de que si existe una falta de servicio es porque hay una negligente organización o funcionamiento del servicio; es una “culpa de servicio”, ejemplificaron.

Juicio civil versus juicio penal
El otro problema constitucional que la provincia detectó en el fallo de la Cámara de Apelación es que –según afirman– desvincula el juicio civil del penal no sólo sosteniendo la idea de una responsabilidad absoluta y totalmente objetiva del Estado sino porque considera que se hará en un solo juicio para evitar tener miles de causas que imposibiliten el funcionamiento adecuado del servicio de justicia.
La Cámara lo considera así porque el trámite que tienen las causas es oral y requiere de una audiencia de vista de causa por cada expediente. Por lo tanto, la Cámara se imagina que los tribunales colapsarán en el futuro inmediato si se litiga causa por causa.
Por lo tanto recomienda la adopción de un proceso de clase que implique resolver la cuestión de la responsabilidad en un solo juicio y luego dejar librado a un arbitraje extrajudicial la determinación individual de los daños.
“La provincia se opuso a ese tratamiento no porque crea que considerar como clase a los demandantes esté mal –ya lo advertimos mucho antes en el decreto 0634/09 del 27 de abril de 2009– sino porque la sentencia de la Cámara no permite, justamente, tratarlos como clase.
“Simplemente sugiere tratarlos de ese modo, con lo cual, el efecto del fallo es el que la Cámara no quiere; en otros términos, a pesar de su manifiesto en contra de esa posibilidad, la Cámara abrió la compuerta para que prosigan las centenares de causas individuales y así colapsar los tribunales y la defensa de la provincia”, argumentaron.
Los voceros aclararon que el escrito presentado es “extremadamente prudente y respetuoso, que no califica ni adjetiva, y que impugna la decisión de la Cámara en la desconsideración del proceso extrajudicial de clase que el actual Gobierno propuso en el decreto 0634/09 y que está en fase de reglamentación”, concluyeron.