En su alegato final, el abogado Horacio Coutaz –en representación de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– pidió la pena máxima de reclusión para los seis acusados

“Puede ser que no sean los ideólogos del terrorismo de Estado quienes están sentados hoy aquí, pero sí estoy convencido –y así ha quedado probado en este juicio– que se está juzgando a algunos de sus más fieles, metódicos y obedientes ejecutores”, con estas palabras, el abogado querellante Horacio Coutaz,  introdujo el pedido de la pena máxima de prisión para los seis acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en Santa Fe.  
Pasadas las 10 de ayer, y con una sala de audiencias repleta de víctimas, familiares, y de expectativas,  el joven abogado, en representación de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comenzó su alegato final.
Luego de un repaso histórico del marco en el que se cometieron los delitos –que dejó sentado que el plan sistemático de represión clandestina se reprodujo en la región– Coutaz refutó históricos discursos utilizados por sectores, que a lo largo de estos veintiséis años de democracia intentaron justificar el genocidio.
 “No hubo absolutamente ninguna guerra (…) No hubo dos bandos equivalentes enfrentados ni dos demonios (…)  No existió causal legal alguna de justificación para los aberrantes delitos cometidos por el Estado, a través de agentes civiles, policiales y militares que abrogaron la Constitución Nacional y se apoderaron de las instituciones”, expresó con firmeza, cortando el silencio abrumador de la sala.
El alegato continuó con el entrelazamiento de testimonios escuchados a lo largo de los tres meses de debate. La historia de cada una de las víctimas reforzó la de las demás. Los nombres se repetían, las descripciones físicas de los victimarios también, así como el circuito de traslados a centros clandestinos de detención.

Memoria compleja
En este sentido, Coutaz explicó que cuando lo que se juzga son delitos cuya documentación ha sido deliberadamente destruida, las declaraciones testimoniales adquieren un valor preponderante.
En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal I, declararon cerca de 100 personas: “Algunos silencios, olvidos, angustias, equívocos, aparecen como parte del testimonio, dándole consistencia y no restándole valor”, agregó el querellante.
Y continuó: “Estas personas relatan su historia con su voz y con sus  cuerpos. La memoria no se reduce al recuerdo, sino que es un complejo mecanismo de recuerdo y olvido, de recuperación, de reconstrucción, y de los  efectos que algunos acontecimientos imprimen en nuestras vidas.
 
En cárceles comunes
Hacia el final de su alegato, Coutaz volvió a subrayar que quedó demostrado que a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas se les concedió “una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima”.
Luego, sin titubeos, nombró a cada uno de los imputados y leyó las penas solicitadas: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas.  Según detalló el abogado querellante, al ex juez federal Víctor Hermes Brusa la pena le corresponde como autor del  delito de apremios ilegales.
Mientras que al ex jefe de Drogas Peligrosas e integrante del D2, Héctor Romeo Colombini, al ex intendente de Rincón y ex director de la Comisaría Cuarta, Mario José Facino, al ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Calixto Perizotti, a la ex guardiacárcel, María Eva Aebi y al ex policía integrante del D2, Eduardo Alberto Ramos, como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por la aplicación de violencia y amenazas e imposición de tormentos. Y la sala de audiencias estalló en aplausos.
Luego de un breve cuarto intermedio, fue el turno del abogado querellante Guillermo Munné –en representación de Patricia Traba, Anatilde Bugna, Stella Maris Vallejos, Jorge Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez– de desplegar su alegato. Aebi, Perizotti, Colombini y Ramos volvieron a escuchar su nombre cuando se pidió la pena máxima de prisión.
Mientras que por Víctor Brusa se solicitaron 20 años de cárcel. En tanto Mario Facino, no tiene hechos imputados por parte de esta querella por lo que no se solicitó pena por el ex comisario.