El Sadop dio a conocer la cifra estimada de alumnos de escuelas privadas que perderían el beneficio social en la provincia. Grupos de padres presentaron reclamos en la Defensoría del Pueblo y en Inadi

La decisión del Gobierno Nacional de dejar afuera de la asignación familiar universal a los alumnos de escuela de gestión privada sigue generando polémica y debates en la ciudad. Varios grupos de padres se acercaron al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) y la Defensoría del Pueblo para hacer denuncias de discriminación. En tanto el Sadop Santa Fe (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) indicó que son unos 12.000 los estudiantes damnificados y unas 400 escuelas.
Además el arzobispo José María Arancedo se refirió a la problemática y dijo que es una discriminación. “Espero que la gobernación se dé cuenta que son muchos los chicos cuyas familias tienen trabajo en negro, están afectadas y han elegido una opción para sus hijos y creo que en esto el Estado es discriminatorio” expresó.
Ayer por la mañana, los padres de escuelas privadas que dejaron de percibir la asignación por hijo se dirigieron al Inadi y a la Defensoría del Pueblo en busca de una respuesta a su reclamo ya que desde la Anses señalan que la decisión está en manos del Gobierno Nacional.
Desde la delegación local del Inadi reconocieron que la situación atenta contra el espíritu de la norma. En tanto también en la Defensoría del Pueblo se recibió la denuncia y se trabajará para obtener alguna respuesta sobre la problemática. En ese sentido, desde la delegación de Entre Ríos se manifestó que el Defensor del Pueblo de la Nación instó al Gobierno a rever la situación por la cantidad de reclamos recibidos desde diferentes puntos del país.
Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría nacional, destacó que la norma que crea la Asignación Universal establece que debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos educativos públicos, lo que margina de hecho a quienes concurren a colegios de gestión privada. “Nuestro objetivo es contribuir a solucionar las solicitudes provenientes de familias de escasos recursos que bregan para que sus hijos continúen sus estudios en establecimientos que, si bien son privados, reciben asistencia del Estado para aliviar el aporte que deberían realizar”, aseguró Sella.
Según se informó en un comunicado de la sede entrerriana, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó “al jefe del Gabinete de Ministros la implementación de mecanismos tendientes a ampliar los alcances del decreto Nº 1.602/09 y de la resolución de la Anses, con el objetivo de incluir a niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos beneficiarios no perciben la asignación familiar prevista por la ley en tanto no alcanzan un ingreso equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y a todos aquellos que concurran a establecimientos educativos de gestión privada con subvención estatal y bajos aranceles”.

Preocupación docente
Desde el gremio de los docentes privados hace días que vienen refiriéndose a la preocupante situación. Recientemente, Pedro Bayúgar –secretario general del Sadop Santa Fe– indicó que son 400 las escuelas que están afectadas por esta situación ya que son instituciones educativas de gestión privada que no cobran arancel o tienen una cuota voluntaria mínima. En ese sentido, comentó que son unos 12.000 los niños y adolescentes afectados. Y a nivel nacional se habla de unos 80.000 que dejarían de percibir la asignación familiar universal.
En ese sentido, remarcaron que los beneficiarios de la asignación, cuyo pago se encuentra suspendido o demorado, concurren a escuelas privadas gratuitas, generalmente enclavadas en zonas urbano-marginales, y que en muchos casos son las únicas o las más cercanas a su domicilio.
“No pierden por concurrir a esas escuelas ningún derecho, según la normativa originaria”, se indicó.
Por su parte, desde la Anses recordaron que en un principio se inscribió a todas las personas que solicitaron el beneficio pero con la presentación del certificado de escolaridad se deja afuera a las instituciones de gestión privada. Sin embargo, señalaron que a medida que se presenten los casos se analizará escuela por escuela la situación para determinar si se debe o no otorgar la ayuda social.