La Legislatura aprobó una ley para cancelar unos 115 millones de pesos con los trabajadores. El 30 por ciento será en efectivo y el resto con títulos públicos

Desde el 1 de enero de 2011 los ex bancarios transferidos y policías van a comenzar a cobrar una vieja y millonaria deuda. El 30 por ciento será en efectivo a través de 10 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas y el resto se pagará mediante bonos cotizables en bolsa que el Estado deberá emitir y luego cancelar con 16 cuotas trimestrales.
Así se estableció anoche en la Legislatura santafesina cuando en una trabajosa y larga jornada política oficialismo y oposición, como pocas veces desde hace dos años y medio, se pusieron de acuerdo en ambas cámaras para votar una ley que contemple una forma de pago que convenza a todos los bloques. Un dato no menor es que la ausencia del senador justicialista Juan Carlos Mercier posibilitó el consenso.
Por lo pronto, la norma que edificó el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, junto con los diputados del Frente Progresista y sus colegas del PJ, faculta al gobierno de Hermes Binner “a emitir títulos públicos por un monto máximo de 93 millones de pesos a los efectos de asumir exclusivamente el pago de los acuerdos conciliatorios y transaccionales a los que arribe el Poder Ejecutivo a través de Fiscalía de Estado” con ex bancarios transferidos y policías.
Además, se estableció que “la diferencia entre el monto total de cada uno de los acuerdos (...) menos la suma cancelada con títulos, será abonada en efectivo, en 10 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera en enero de 2011”.
En tanto, “el monto que recibirá el demandante será del 30 por ciento en efectivo –situación que el mensaje del Ejecutivo no contemplaba–, salvo manifestación expresa de un porcentaje menor”, ya que puede existir la posibilidad de que varios damnificados se queden con los títulos públicos para capitalizar su deuda a través de los intereses.
Asimismo, la denominación de los títulos públicos será Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), que serán amortizables en 16 cuotas trimestrales, iguales, fijas y consecutivas a partir de enero de 2011 para los ex empleados del Banco de Santa Fe Sapem y a partir de junio de 2011 para los reclamos vinculados con los agentes de seguridad pública. A su vez, esos bonos devengarán un interés del 12 por ciento anual, lo que se cancelará conjuntamente con las cuotas de amortización.

El ausente
La norma constituye una victoria política de Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Barraguirre, porque después varios años e intensas negociaciones con los estudios de abogados que representan a los damnificados, se consiguió la herramienta legal para abonar una deuda de alrededor de 115 millones de pesos. Además, porque la ley sancionada por unanimidad echó por tierra la mayoría de las modificaciones que el senador Mercier trató de imponer con la media sanción que la Cámara alta votó hace un par de semanas.
“Esto hay que votarlo sí o sí hoy porque sino no sale. Hay que aprovechar que el Juanchi está en Buenos Aires”, dijo a Diario UNO un senador justicialista –que por obvias razones se mantiene en reserva– en referencia a su colega del departamento La Capital. No fue el único dentro del peronismo que señaló al ex ministro de Carlos Reutemann como el principal responsable de poner trabas al proyecto, varios otros dirigentes de los dedos en V lo dijeron abiertamente en el hall de la Legislatura.
En todo caso, lo que resulta extraño es que los mismos senadores del justicialismo que siguieron a Juan Carlos Mercier cuando introdujo cambios en el proyecto original del gobierno son los que ayer votaron un texto bastante diferente, más ajustado a los términos del acuerdo al que habían arribado Fiscalía de Estado y los demandantes.
Mercier pretendía que la deuda, generada por gobiernos justicialistas y que él como ministro no canceló, se pague un 30 por ciento en efectivo pero en un plazo de 90 días, o sea que en tres meses el Estado santafesino debía pagar una suma cercana a los 40 millones de pesos. El otro elemento que complicaba la solución era que pretendía emitir títulos públicos hasta un máximo de 85 millones de pesos, en lugar de los 125 millones que había pedido en un primer momento el gobierno y los 93 millones de pesos que se permitirán emitir ahora.

Los presentes
Fueron los diputados provinciales de todos los bloques los que ayer asumieron la responsabilidad de cerrar un tema que lleva, en algunos años, casi dos décadas sin resolver. El trabajo de los legisladores junto con el fiscal de Estado fue muy importante para tratar de dar una respuesta a los 1.500 ex empleados bancarios y 6.300 agentes de seguridad pública que quieren cobrar lo que tantos gobiernos negaron.
Ese análisis previo posibilitó que el tema saliera por unanimidad de la Cámara baja, pero al llegar al recinto del Senado los integrantes del bloque del PJ quisieron dejar taxativamente que “el monto que recibirán los demandantes será del 30 por ciento en efectivo, salvo manifestación expresa por un porcentaje menor”, con lo cual el texto volvió a Diputados y allí sí recibió sanción definitiva.
“El gobierno del Frente Progresista asumió este tema como prioritario. Queremos solucionar esta vieja y antigua deuda con los trabajadores , y por eso el Estado lo primero que hizo es reconocer la deuda”, dijo el senador socialista Juan Carlos Zabalza, otro de los pilares del oficialismo en la negociación express que se realizó con el PJ. También indicó que “no se puede pensar nunca un Estado que no reconozca las necesidad de la gente”.
A su turno en la sesión, el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) expresó que el peronismo “en ningún momento quiso perjudicar al Poder Ejecutivo” santafesino al plantear otras condiciones de pago respecto de las que se habían convenido entre el gobierno y los damnificados, modificadas por Mercier. No obstante levantó la queja de que “muchas veces” molesta enterarse por los medios de comunicación sobre los proyectos de ley que envía el gobierno, por lo cual pidió a la administración Binner que abra el diálogo con la oposición.
Por último, el justicialista Rubén Pirola (Las Colonias) consideró que “el proyecto aprobado es superador al presentado por el Ejecutivo” y su colega y jefe de bloque, Ricardo Spinozzi, recordó que si bien la deuda la comenzará abonando la gestión del Frente Progresista la terminará de pagar el próximo gobierno de la provincia, el que quiere presidir si es que los votos lo acompañan en las próximas elecciones de 2011.