En pos de los derechos sexuales y reproductivos harán un registro de objetores de conciencia. Instan a que quienes por sus creencias nieguen esta práctica y las de anticoncepción, se excusen públicamente

Ayer, mantuvieron un encuentro la secretaria de Salud de la provincia, doctora Débora Ferrandini,    el equipo de gestión del ministerio, los responsables de Nodos de Salud y las ONG que promueven los derechos de las mujeres y de las diversidades, que vienen desarrollando conjuntamente con este órgano estatal, un monitoreo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y consensuaron, entre otras iniciativas, avanzar en un registro de objetores de conciencia.
 “En este marco se tomaron algunas decisiones tendientes a analizar algunos obstáculos y a avanzar en una resolución que, en lo sustancial, se vincula con el acceso a los servicios de salud y en asegurar que en todos ellos, todas las prácticas que son ejercidas por las mujeres y por sus parejas en la construcción de la libertad –fundante del derecho reproductivo–,    puedan garantizarse”, explicó la secretaria de Salud de la provincia.    
—¿Cuáles son los obstáculos y a qué consensos se arribaron?
—Ante la necesidad de garantizar estos derechos, aparece una dificultad particular en la distribución de quienes se asumen como objetores de conciencia, por lo cual acordamos reimpulsar la disposición de un recurso –vigente en el orden provincial–, que establece la necesidad de generar un registro de objetores de conciencia que signifique una opción de los profesionales, fundada en sus creencias, y que limite el ejercicio de estas prácticas tanto en el sector público como en el privado. Esto significa que la objeción de conciencia no es un recurso que intermitentemente pueda utilizar el trabajador de salud para no realizar una práctica, sino que es un posicionamiento que asume en relación a su intervención en todos los ámbitos de su ejercicio profesional. Esto nos permitirá planificar la disposición del recurso para cumplir la ley para que toda mujer tenga acceso en su centro de salud a todos los métodos anticonceptivos, como también los hombres, ya que en este momento podemos ver que tienen muchas barreras para la utilización de métodos quirúrgicos como las vasectomías. Del mismo modo, esto nos permitirá garantizar los derechos en relación a lo que las leyes establecen en materia de interrupción terapéutica del embarazo.
—¿Con qué lógicas se revisaron las acciones propias del programa de Salud Sexual y Reproductiva en la provincia?
—La discusión que se genera tras esta mirada intersectorial del mismo nos permite en primer lugar resituar la temática de género, ya no como un problema atinente a un programa específico, sino como una expresión más de la desigualdad, y de la necesidad del Ministerio de proveer a la equidad para ser consecuente con sus lineamientos estratégicos. En la persecución de la equidad en la implementación de las políticas públicas y, particularmente, en la asistencia, promoción y prevención en Salud, el conocimiento de la desigualdad de oportunidades en la comunidad es fundamental. Y las diferencias de género y su construcción cultural –en el sentido de barreras al acceso de los servicios– se constituyen en una cuestión primordial, a conocer y a las que combatir. En este sentido, planteamos que para superar las dificultades que existen o pudiesen existir para garantizar la equidad en la utilización de recursos de salud que facilitarían el acceso a las mujeres a    su derecho a decidir, y su desigual distribución a lo largo de la provincia,    se constituye en una preocupación central para el Ministerio y sus efectores. Por eso la discusión descentró el tema de un programa específico y lo centró en la integralidad de las acciones en salud y su accesibilidad a todos los sectores de la comunidad.    
—¿Cuáles son los desafíos e implicancias, entonces?
—Si logramos reconstruir estas barreras de modo que quienes más postergaciones tienen, más y mejores servicios utilicen, estaríamos transformando no sólo un problema de las mujeres, sino de la sociedad toda.

Cumplir con la ley

Reflexionando sobre el caso de una niña de 12 años mendocina, embarazada tras el abuso de un familiar, y al que la Justicia negó la posibilidad de una interrupción terapéutica de su embarazo, la    subsecretaria de Salud de la provincia, Débora Ferrandini, aclaró que sólo conoce el hecho por trascendidos periodísticos y, que por lo tanto, desconoce el caso en su dimensión clínica. No obstante ello, fijó posición ante hechos de esa naturaleza.
“El Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene como función principal asegurar el cumplimiento de derechos y de la ley. Hay una norma que asegura a todas las ciudadanas el derecho a recibir el tratamiento que preserve su salud en todas las circunstancias y de manera integral. En ese sentido, es penalmente punible no realizar un aborto cuando tiene una indicación terapéutica, ya sea en la necesidad de proteger la vida o la salud de la mujer”, enfatizó.     
Finalmente, remarcó que el Ministerio de Salud no va a obligar desde ningún punto de vista a quienes tengan objeciones de conciencia a realizar esta práctica. No obstante se le va a pedir que públicamente manifiesten su condición de objetores de conciencia para que no haya servicio en la provincia que no incluya profesionales capaces de garantizar estas prácticas vinculadas con la salud integral, sexual y reproductiva.        
 “La búsqueda del bien público y la garantía universal de la salud no es imcompatible con el respeto a la ética individual de los profesionales”, concluyó.