El magistrado de la localidad de Vera juzgaba el cobro anormal de multas en Calchaquí. Ahora lo acusan de querer evadir una infracción de tránsito que hizo su mujer en esa ciudad

El juez de Primera Instancia del Distrito de Instrucción en lo Penal de Vera, Luis Silva, se apartó de la causa en la que el intendente, funcionarios municipales y el juez de Faltas de la ciudad de Calchaquí –ubicada a 200 kilómetros al norte de la capital provincial– son acusados por el cobro presuntamente irregular de fotomultas.
Lo hizo tras un pedido de recusación presentado por la defensa de los imputados, basado en la supuesta “falta de imparcialidad y de una conducta impropia”, porque el año pasado el magistrado se habría valido de su función para evadir una multa cometida por su esposa, Alicia C. de Silva.
Así comienza un nuevo capítulo de un tenso conflicto que se originó en las quejas de automovilistas foráneos que pasaron por la jurisdicción de Calchaquí y fueron multados por sobrepasar la velocidad permitida o transitar con luces bajas en ese tramo de la ruta nacional 11.
Lo que precisamente dependía de Silva era la denuncia radicada en junio último por el defensor del pueblo, Edgardo Bistoletti, para que se investigue por presunta comisión de delitos de acción pública, dado que los controles y las sanciones las aplicaba el municipio, sin una autorización provincial para hacerlo y pese a que recibió varias advertencias para que deje de emitir multas.

“Animosidad”
Tras la denuncia, el juez Silva inició la investigación formal que derivó en numerosos allanamientos a la Municipalidad y la imputación del intendente Rubén Cuello y el juez de faltas Manuel Valiente, entre otros funcionarios municipales.
Ahora éstos –con el patrocinio letrado de su defensor técnico, Gustavo Feldman– acusan al magistrado de ser parcial y tener “evidente animosidad” contra ellos.
En el escrito que presentaron a la Justicia narraron que el 5 de abril de 2010 la esposa del juez fue multada por infracciones automovilísticas en Calchaquí y que a un mes de cometidas, el secretario del Juzgado de Instrucción, Andrés Marchi, “se comunicó telefónicamente” con el juez de Faltas “e invocó instrucciones” del juez Silva para que “se paralice el proceso contravencional administrativo” contra Alicia C. de Silva y que por el momento “archive las actuaciones”. Así lo hizo Valiente, influido “en su ánimo” por el llamado de Marchi.
En octubre del año pasado el intendente Cuello se enteró del caso y ordenó retomar las actuaciones.
Los funcionarios investigados constituidos como recusantes expresaron a través de sus abogados que Silva “siempre supo de la existencia de ese proceso, al punto que no dudó en encomendar a su secretario que intercediera ante las autoridades municipales para pararlo y evitar la multa”.
Por tal motivo consideraron que la conducta del juez de Instrucción de Vera “es doblemente impropia e incorrecta y da por tierra con la imprescindible imparcialidad” que debe tener para someter a proceso penal a los imputados que lo recusan.

La paradoja
Los recusantes recriminaron a Silva en el escrito de “no excusarse a pesar de saber de la existencia de un proceso de multa contra su esposa” cuando el objeto procesal de la investigación que instruye es, justamente, el procedimiento seguido por la Municipalidad de Calchaquí para el cobro de esas infracciones”.
Además, le endilgan utilizar “su investidura y su influencia como juez para sacar un provecho personal para sí y para su esposa, evitando que ésta tuviera que pagar la multa”.
El defensor de Valiente, Leandro Benegas, indicó además que Silva “incurrió en la causal de prejuzgamiento ya que en sus declaraciones a medios de prensa vertió que el municipio cobraba multas fotográficas unilateralmente mediante un convenio de dudosa licitud con una empresa con sede en Buenos Aires”, cuando el tema aún no estaba resuelto.