Un proyecto en el Concejo solicita a la Municipalidad que multe a las empresas que no pagaron a tiempo. Las sanciones económicas para estos casos varían de 100 a 30 mil veces el valor del boleto

A última hora del lunes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la capital provincial resolvió la realización de un paro total de actividades desde la madrugada de ayer, por problemas vinculados a demoras en el pago de sueldos, en la mayoría de las líneas de colectivos locales. La protesta se concretó hasta el mediodía, tras conocerse que los empresarios habían realizado el depósito correspondiente.
La Municipalidad consideró que el impacto fue muy negativo, en particular por la hora en que se produjo el paro, afectando a trabajadores y estudiantes de toda la ciudad que utilizan el servicio temprano y que no llegaron a informarse de la medida de fuerza, por lo cual analizará las medidas a tomar ante esta situación y aplicará las sanciones correspondientes a la no prestación del servicio.
Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en el Concejo municipal, Ariel Rodríguez, elaboró un proyecto de comunicación donde se solicita al Ejecutivo Municipal que “aplique las sanciones previstas en el artículo 21 de la Ordenanza Nº 11.580 a las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano de pasajeros por autobús, que no hubieran abonado los haberes del mes abril en el cuarto día hábil del mes en curso”.
Vale destacar que las sanciones económicas para estos casos pueden variar de 100 a 30 mil veces el valor del boleto de acuerdo a la gravedad de cada caso.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los concejales Leonardo Simoniello, Esteban Aignasse, Fanny Jara, Cristina Quinteros (FPCyS–UCR), Vanesa Oddi (FPCyS–PS) y Noelia Chiementín (FPCyS–CC– ARI), y fue ingresado ayer al Concejo Municipal.
Por otra parte, pidieron “al Sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) que, en los casos de falta de pago de los haberes mensuales en término, se abstenga de realizar cualquier tipo de medidas de fuerza que implique la afectación del servicio público del transporte urbano de pasajeros, si las mismas no han sido comunicadas a la ciudadanía con al menos 24 horas de anticipación”.

Los motivos
En la iniciativa se expresa con “asombro y preocupación” la decisión tomada por el Sindicato Unión Tranviarios Automotor, teniendo en cuenta la forma en que se llevó adelante, lo que arroja “un impacto altamente negativo”.
Los ediles señalaron: “Miles de santafesinos usuarios de este servicio se encontraron sorprendidos e imposibilitados de cumplir con sus deberes. Trabajadores y estudiantes que a primera hora de la mañana salían a cumplir con sus obligaciones se vieron notablemente perjudicados por la medida de fuerza ya que no fueron informados de la situación a tiempo. En el transcurso de las primeras horas de la mañana aún se observaba gente esperando en las paradas por un colectivo que no iba a pasar”.
En este sentido, subrayaron que “las empresas de transporte tuvieron un alto grado de responsabilidad en lo sucedido, dado que al no abonar, en algunas de las líneas prestatarias del servicio, los salarios de los trabajadores a término, provocaron e incentivaron la medida de fuerza realizada por el gremio, ocasionando un grave daño a los ciudadanos que utilizan el servicio de transporte público de pasajeros por autobús”.

Reclamo a la Municipalidad
El concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ) reclamó “el envío en forma urgente del pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio del transporte urbano de pasajeros”. Para el concejal justicialista “hay que licitar el transporte, y salir de la precariedad, no hay excusas posibles; el intendente conoce toda la situación”.
Para Martínez Kerz “el municipio es el dueño y administrador del servicio, y el que tiene que poner las reglas claras. Es importante avanzar en el ordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros y en su institucionalización normativa, toda vez que ésta es una obligación y un derecho del Estado municipal para con los vecinos”.
Asimismo señaló que “el municipio concesiona el servicio, no privatiza un servicio. No se puede desentender de lo que ocurra. La licitación es una prioridad institucional que tiene la ciudad que (José) Corral no puede desconocer, porque si no vamos a seguir con todos estos problemas”.
Martínez Kerz concluyó: “Debemos sincerar la situación del transporte con reglas claras que estén por encima de todos los intereses. Hay que licitar el transporte. No hay excusas posibles”.