Como Iñaki Urdangarín, el yerno del rey Juan Carlos, que podría ser imputado en una causa por desvíos de fondos, otras casas reales también tienen miembros que lucraron con el título

La investigación a la que está siendo sometido Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos de España, por sus actividades empresariales generó un intenso debate a propósito de cuestiones como imagen pública, intereses privados y tráfico de influencias. Como el esposo de la infanta Cristina y ex presidente del Instituto Nóos, otros miembros de varias casas reales europeas tuvieron que afrontar anteriormente complicadas situaciones con trasfondo económico.
En Inglaterra, una reciente víctima del conflicto entre representación institucional y actividad privada fue Sophie Rhys-Jones. La condesa de Wessex y esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra fue cazada en 2001 por el periódico News Of The World, que la grabó despachándose a gusto contra importantes miembros de la familia real y líderes políticos. La aristócrata decidió dimitir como presidenta de su agencia de Relaciones Públicas (R-JH Communications).
No obstante, su intención en ese momento era no desvincularse del todo del mundo de los negocios. Los diarios británicos exigieron de forma unánime que la nuera de Isabel II abandonara su cargo para acabar con las acusaciones que indicaban que podía estar usando su estatus para atraer clientes a su empresa.
En pleno escándalo, el secretario de Asuntos del Consumidor, Kim Howells, afirmó en The Daily Telegraph que la familia real estaba “un poco loca” y pidió restringir el presupuesto público con el que se sufragaban sus actividades.
Apenas unos meses más tarde, el proyecto del príncipe Andrés, que pretendía construir un exclusivo club de golf en los terrenos del Palacio de Windsor, fue finalmente desestimado. Con varios miembros de la familia real británica acusados de servirse de su pedigrí y sus conexiones para impulsar negocios particulares, el Palacio de Buckingham promulgaba un código desde el que regular la conducta de los royals asalariados.
Hasta ese momento, desoyendo las muchas voces –incluidas las del príncipe Carlos y la princesa Ana– que pedían que se declarase incompatible pertenecer a la familia real y a la vez estar en nómina de una empresa, la Corona permitía a sus ilustres representantes redondear sus ingresos trabajando.
Según las encuestas del momento, uno de cada tres británicos creía que sería mejor que la familia real desapareciese. Para dos de cada tres ciudadanos consultados, la Casa Real necesitaba urgentemente una modernización. Y el 51% opinaba que, si uno de sus miembros utilizara su estatus para hacer negocios, automáticamente debería decretarse su expulsión de la familia real.
El (pen)último mal trago de la familia real británica a propósito del business tuvo lugar en 2010 y, de nuevo, con el sensacionalista News of the World como responsable. El reportero Mazher Mahmood, que ya había puesto contra las cuerdas a Sophie Rhys-Jones, se hizo pasar por hipermillonario árabe para contactar con Sarah Ferguson. Con la ex del príncipe Andrés y la madre de las princesas Eugenia y Beatriz, el periodista acordó el pago de más de medio millón de euros para tener acceso al príncipe, representante oficial del Reino Unido para Comercio Internacional.

Electrodomésticos y viajes
Llamativo fue el llamamiento al orden que el rey Alberto II de Bélgica hizo a su hijo menor, el príncipe Laurent, en el discurso televisivo navideño de 2006. “Ninguna persona está por encima de la ley y la justicia debe poder hacer su trabajo con toda independencia”, afirmó el monarca en su mensaje, que en sus primeras líneas admitió que se habían producido “a menudo” casos de “abusos de bienes sociales o de recursos públicos”.
Aunque en su alocución Alberto II evitó mencionarlo expresamente, tanto los medios de comunicación como la opinión pública interpretaron que la bronca iba dirigida a su vástago. Éste fue acusado de desviar fondos de la Marina para pagar los electrodomésticos y la decoración de su casa, aunque no se pudo probar su implicación directa en el caso.
El príncipe Laurent, de 43 años, recibía entonces una asignación anual del Estado belga de 290.000 euros. En ese periodo había sido objeto de duras críticas por sus gastos y por haber apalabrado con una revista del corazón la venta exclusiva de las fotos de sus hijos gemelos recién nacidos.
La operación, con la que pretendía embolsarse 15.000 euros, fue finalmente anulada por el propio interesado debido a la presión política y mediática. “Si Laurent gana dinero con sus hijos, que vaya también a trabajar y que le quiten la dotación”, criticó entonces el redactor jefe del programa sobre la realeza de televisión flamenca VTM.
El hijo de Alberto II también estuvo en el punto de mira del Parlamento por colarse en clase business sin pagar, conducir violando el exceso de velocidad y desplegar controvertidas tácticas diplomáticas.

Bombarderos y mordidas
En 1976, el príncipe consorte Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana y padre de la actual soberana de los Países Bajos, Beatriz I, se dirigió por carta a Lockheed Corporation para reclamar una comisión de un millón de dólares por haber ejercido como intermediario impropio. Bernardo exigía tan sustanciosa contrapartida por haber conseguido para la empresa aeronáutica estadounidense la venta a la Real Fuerza Aérea holandesa de 12 cazabombarderos.
El asunto acabó saliendo a la luz. Lockheed terminó por reconocer que había pagado el soborno, pero el príncipe Bernardo rechazó ofrecer explicaciones al respecto. “Estoy por encima de esas cosas”, fue su respuesta a la investigación ordenada por el primer ministro Joop den Uyl. Pese a que realizó un informe de lo sucedido, el gobierno holandés no inició un proceso judicial contra Bernardo, ya que la reina Juliana amenazó con abdicar si su marido era conducido a los tribunales.
Finalmente, el príncipe tuvo que renunciar a su posición como Inspector General de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos y aceptó no volver a vestir su uniforme, salvo excepciones.

Explotación artística del cargo
En Noruega, la princesa Marta Luisa, hija de Harald V, fue criticada en 2002 por utilizar el título para promocionar sus giras con el Coro de Gospel de Oslo. Asimismo, se le afeó el que ganara dinero -no recibía cantidad alguna de la Casa Real- apareciendo en televisión leyendo cuentos a los niños. La princesa, que es propietaria legal de la empresa unipersonal Distribución Cultural de la Princesa Marta Luisa, también cerró un trato con el canal de televisión TV2 para realizar seis programas sobre su gran pasión: los caballos. Por todo ello, hubo quien la rebautizó coloquialmente como Princesa Damemás.
“Sería inteligente que no se mezclaran este tipo de negocios con los temas reales”, declaró el ex primer ministro noruego Kare Willoch. “Está bien que se mantenga con el dinero que gane y que expanda la cultura con las cosas que realiza, pero un título real no debería estar unido al nombre de una empresa. Lo mejor sería que cambiase el nombre de su empresa. Ni ese negocio tiene que ver con la monarquía, ni ésta tiene que ver con los negocios”.