Se limitarán los pagos en efectivo para evitar el fraude y reducir el déficit de las arcas gubernamentales. También se reducirán las empresas públicas

El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy expresó ayer su intención de reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida, como vías para reducir el déficit de las arcas públicas. También se comprometió a continuar reduciendo el número de empresas públicas.
La “número dos” del gobierno del Partido Popular (PP), Soraya Sáenz de Santamaría, anunció al término del primer Consejo de Ministros de este año en Madrid que se espera recaudar 8.171,7 millones de euros (unos 10.500 millones de dólares) adicionales como fruto de la lucha contra el fraude fiscal.
 Para ello, según la vicepresidenta del gobierno, se estudian mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades, con el fin de evitar el blanqueo.
Pronto se dará a conocer además un plan de “autorregulación voluntaria”, en base al cual los contribuyentes podrán alertar a la administración tributaria de “errores” en sus declaraciones fiscales y evitar así procedimientos sancionadores.

 Todo por el déficit
El gobierno de Rajoy, que asumió el cargo hace dos semanas, presentó la semana pasada un plan para reducir el déficit presupuestario que incluye incrementos en los impuestos sobre la renta, bienes inmuebles y las rentas de capital, así como recortes en el gasto público por 8.900 millones de euros (11.400 millones de dólares).
Dichas medidas fueron presentadas después de que la previsión de déficit para 2011 se incrementara al ocho por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), frente al seis por ciento previsto inicialmente.  El gobierno se ha comprometido ante la Unión Europea (UE) a reducir el déficit al 4,4 por ciento en 2012.
“La realidad es más dura de lo que pensabamos”, dijo Sáenz de Santamaría en conferencia de prensa. “La situación es difícil y también lo serán las medidas”, anunció la dirigente del PP, quien aseguró que el gobierno se ve forzado a adoptar medidas “impopulares” y “excepcionales” ante la “situación excepcional”.

Menos empresas públicas
Además Sáenz anunció que el gobierno central se reunirá en enero con las comunidades autónomas para reducir el sector público empresarial, integrado actualmente por más de 4.000 empresas, organismos, fundaciones y consorcios en diferentes niveles de las administraciones públicas.
En 2010 las autoridades españolas se comprometieron a eliminar 515 entidades públicas o altos cargos, pero que hasta la fecha sólo se han suprimido 69, un 13 por ciento del total.
Además, aseguró que de 2004 a 2009 se incrementó en un 50 por ciento el número de entidades públicas.
Según la vicepresidenta, el sistema español de Seguridad Social cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros (855 millones de dólares), lo que supone un 0,06 por ciento del PBI, frente al superávit del 0,4 por ciento previsto inicialmente por el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sáenz de Santamaría alertó de la “preocupante” situación de la tesorería de la Seguridad Social, ante la caída en el número de contribuyentes por los altos niveles de desempleo que afectan al país.
No obstante, quiso enviar a la población un mensaje de “tranquilidad” y aseguró que las autoridades abonarán “sin problemas” y “puntualmente” las jubilaciones.
Es la primera vez desde 1999 que la Seguridad Social cierra un ejercicio con déficit.