Es porque están disconformes con la política de derechos humanos del gobierno del Frente Progresista. El planteo lo hizo el legislador provincial Gerardo Rico, del Movimiento Evita (PJ)

Primero fue la querellante en la causa Brusa, Patricia Isasa, la que criticó la política de derechos humanos del gobierno santafesino y su programa de protección a testigos. Luego, tanto la diputada oficialista Alicia Gutiérrez como el secretario de Derechos Humanos provincial, Horacio Coutaz, defendieron en sendas notas publicadas en Diario UNO las diversas acciones que se emprendieron. Ahora, el legislador kirchnerista Gerardo Rico acusó al Poder Ejecutivo de no tener ningún rumbo sobre el tema y de ser funcional a las estrategias judiciales de los represores.
En ese marco, el diputado del Movimiento Evita reconoció que “si no hay respuestas inmediatas” por parte del Poder Ejecutivo sobre la política aplicada en la mencionada materia y generar mesas de diálogo con los diversos actores involucrados para “la reconfección de programas o su monitoreo”, cuando se inicie el Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura solicitará “la comparecencia del ministro (de Justicia y Derechos Humanos) Juan Lewis y del actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz”.
Gerardo Rico define a la política de derechos humanos del gobierno del Frente Progresista como “una no política”, que “por su falta de compromiso perjudicó el avance de los juicios en la provincia y el Programa de Protección de Testigos”. Además, definió a la gestión como “indolente, cruzada por la teoría de los dos demonios y marcada con hechos trágicos, como el crimen de Silvia Suppo” en Rafaela.
Es de recordar que Coutaz había dicho que no iba a “polemizar con ningún testigo o querellante” por el respeto que el Estado santafesino les tiene, pero creyó importante resaltar el programa de Protección a Testigos porque fue reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También, destacó “el aporte permanente a partir del equipo de Investigaciones y Apoyo a las causas de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la Memoria de pruebas importantísimas a cada uno de los juicios que se desarrollaron en la provincia y en provincias vecinas y en causas que se encuentran en instrucción”.
“Orgullosamente podemos decir que no hay causa en Santa Fe que no tenga un aporte importante de prueba documental e investigaciones de parte de la Secretaría de Derechos Humanos”, indicó el funcionario a Diario UNO en su edición del lunes pasado. A su vez, en una breve enumeración, valoró la televisación de los juicios a través de la página oficial del gobierno de la provincia y el otorgamiento de licencias a testigos, víctimas y querellantes empleados públicos para que pudieran asistir a todas las audiencias.

Divorcio con la política nacional
Esos argumentos no conforman al kirchnerismo, y así lo hizo saber el diputado Rico. “No estuvieron a la altura del proceso que debían afrontar; se desmoronó su andamiaje de maquillaje y doble discurso. El gobierno provincial debe salir de su autismo y esta inercia indiferente que nos lleva hacia el abismo”, fue la lectura que hizo el dirigente sobre la política de derechos humanos, tanto de Binner como de Bonfatti.
El legislador habla desde la “bronca”, porque dijo: “Nos consumía más litigar para adentro, que con claridad enfrentar la impunidad estructural existente tanto en la burocracia como en la corporación judicial. Lo que sí nos dimos cuenta es que era un problema cultural, era una concepción contrapuesta entre la política del gobierno provincial y quiénes pretendíamos avanzar en la medida que desde la Nación se impulsaba una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia”.
“La nefasta gestión de María Bressa al frente de la Secretaría de Derechos Humanos destapó lo que subyacía: una clara interpretación a la luz de la teoría de los dos demonios. Que luego tuvo sus consecuencias, porque simultáneamente se debía impulsar con creatividad y eficiencia el Programa de Protección de Testigos. Que terminó siendo una estructura pesada, sin verdadera injerencia y en manos de dudosos miembros de la policía, a lo que muchos querellantes y testigos no aceptaron ante una nueva victimización”, añadió.
También, consideró que “las consecuencias fueron lamentablemente trágicas”, porque “el asesinato de Silvia Suppo en Rafaela y la inmediata posición de desvirtuar su jerarquía de crimen político puso blanco sobre negro que no existió en ese programa una estrategia, una inteligencia concreta”. Incluso, recordó “el acoso y la intimidación de testigos en Santa Fe; la nunca aclarada amenaza en la intimidad en su hogar a nuestra compañera Josefina T. –que sí estaba acogida al Programa– o la total desprotección en Reconquista aun al fiscal de la causa, que motivó la presencia en el lugar y las audiencias de los diputados en pleno”.

Por mayor resolución
Para el diputado justicialista, la provincia cayó en “el desmanejo de la difusión de los juicios y su instrumentación; la falta de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el retaceo presupuestario permanente; la no contundencia y claridad en la posición de un gobierno provincial que enfrentaba en su territorio causas de envergadura”. Con lo cual, ese “no compromiso envalentonó y refortaleció –obviamente– esa subyacente y silenciosa corporación de los Brusa, de los Amelong-Lofiego, de las Cosidoy, de la Base Aérea Reconquista”.
“Hoy caminan por las calles los asesinos en Rosario, en Santa Fe, y los perejiles de la causa Suppo fueron dejados en libertad. En Reconquista y San Lorenzo las causas duermen y son planchadas beneficiando a los implicados y procesados aún sin resolución”, se quejó el diputado del kirchnerista bloque del Movimiento Evita.
“Si esto –continuó– no es causal de una verdadera vuelta de página a la política de derechos humanos provincial y de una asunción de compromisos verdaderos y contundentes, entonces no queremos pensar en la complicidad por inexperiencia o por mala leche. No queremos pensar, sino estaríamos ante algo realmente indignante. Hasta ahora nada se hizo, nada se afrontó. Preferimos menos arbolitos, menos exposiciones, menos nombramientos en las estructuras de la secretaría y más realismo y audacia creadora”.
“Exigimos terminantemente al gobernador Bonfatti, a los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis, una reconversión inmediata al rumbo que hasta ahora llevó adelante el gobierno provincial en materia de derechos humanos. La urgente convocatoria a todos los sectores involucrados: secretarías, poderes Legislativo y Judicial, organismos reconocidos, querellantes y testigos, y se expongan detalladamente los programas y criterios a tener en cuenta hacia la gestión que se ha iniciado”, finalizó.