El gobernador Bonfatti defendió el ajuste tarifario. Dijo que es para garantizar inversiones. Malestar en el Enress por los montos avalados y por la falta de datos sobre obras a encarar

El gobernador Antonio Bonfatti defendió ayer los incrementos dispuestos para la tarifa de Aguas Santafesinas que van del 63 al 117 por ciento.
“Es el menor aumento que podíamos aplicar. La única forma de invertir es contar con dinero”, planteó el mandatario, tras lo cual recordó que en 2007, cuando el Frente Progresista se hizo cargo de la provincia, se encontró con una empresa sanitaria “desfinanciada”.
El titular de la Casa Gris respondió así las críticas lanzadas por el titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, quien mostró su malestar por la suba autorizada y la falta de precisiones sobre el plan de obras.
Ante los primeros cuestionamientos a la resolución del Ministerio de Aguas que fijó el nuevo esquema tarifario de Assa, Bonfatti justificó los aumentos dispuestos recordando la fallida privatización del servicio sanitario durante los 90.
“Nos hicimos cargo de una deuda enorme, por años no dieron respuesta en materia de cloacas y agua potable a las 15 ciudades que tenían bajo su órbita”, sostuvo el gobernador, aludiendo a la concesión comandada por la francesa Suez.
Según el mandatario, “la única forma de invertir es contar con dinero, y en este caso es de quienes tenemos cloacas y agua para que aquellos que no tienen puedan acceder al servicio”, en referencia a las localidades de Santa Fe donde no opera la estatal Assa.
La observación de Bonfatti llegó después que el presidente del Enress manifestara su disconformidad con los aumentos decretados. “La verdad es que no estamos conformes. El cuadro tarifario es muy distinto al que presentó el Ente para su consideración”, indicó Muñoz.
El titular del organismo de contralor contó que en su dictamen el Ente había solicitado que en cuatro de las cinco categorías las subas no superaran el ciento por ciento “y finalmente en tres rangos el aumento supera ese porcentaje, con lo cual muchas familias pagarán una suba elevada”.
Muñoz fue más allá al advertir sobre las consecuencias de no tomar en cuenta las sugerencias del organismo, más allá de que su dictamen no sea vinculante.
“Estamos convencidos de que cuando hacemos una audiencia pública donde se expresan los usuarios, empresas y organizaciones, no es solamente para que se haga catarsis”, graficó.
En ese marco cuestionó al Ministerio de Aguas por “darle 45 días a la empresa para que presente un plan de obras y detalles de la colocación de medidores domiciliarios, cuando debiera haberse establecido con el esquema tarifario un plan preciso de obras”.
Para Muñoz, el gobierno  “sigue sin entender qué significa la regulación y el control. Nuestra propuesta era taxativa, decíamos que la empresa debía colocar 66 mil medidores en dos años, y que el tercer aumento (en el quinto bimestre) estaba supeditado al cumplimiento de parte de esa meta. Esas cosas el ministerio las reconoce, pero en la resolución las relativiza, y pide a la empresa que sugiera un plan de instalación de medidores y realización de obras”.
Según el funcionario, “esto es retroceder en el tema, porque además la matriz del aumento ya contempla el costo de los medidores, por lo tanto su instalación debe ser una exigencia y no una solicitud”.
Muñoz instó a avanzar “cuánto antes con un nuevo marco regulatorio para el agua,  y también para la energía para que se pague según el consumo y los usos”.