Cablevisión vuelve a hacer uso del mecanismo de búsqueda de jueces amigos para obtener resoluciones favorables, con el denominado “fórum shopping”, e intentan seguir violando la ley.

Así se expresó Supercanal, de UNO Medios, que denunció a la empresa del grupo Clarín por abuso de posición dominante en el mercado de la TV por cable.
Cablevisión ha iniciado una acción en la provincia de Salta con la intención de excluir a la Justicia Federal de Mendoza de la intervención que le compete a esta en la causa iniciada por Supercanal por violación a la ley de Defensa de la Competencia.
La intervención de la Justicia mendocina fue ratificada por la Cámara Federal de Mendoza y aceptada por Cablevisión.
Ante este accionar Supercanal expresó su postura: “Por un mecanismo de fraude procesal y en connivencia con el juez de Salta, Cablevisión pretende llevar la causa a un juez que les pueda resolver favorablemente lo que no corresponde en derecho.
Esta situación será denunciada por Supercanal en el ámbito que corresponda”. Supercanal agregó: “Curiosamente Cablevisión en todos sus comunicados anteriores manifestó que en el tema debía intervenir la Justicia de Buenos Aires, pero ahora han encontrado en el juez subrogante de Salta un alfil para intentar cambiar el lugar de tramitación de la causa. El doctor Medina, juez de Salta, ha logrado intervenir por recusación del juez natural del juzgado y su resolución ha sido dictada, llamativamente, en contradicción con la opinión del fiscal que interviene en la causa”.
Cablevisión vuelve de esta manera a recurrir a sus viejas prácticas de “fórum shopping”, que le permite elegir los Tribunales y los jueces a su exclusivo antojo, sabiendo de antemano que se verán beneficiados por las resoluciones que éstos dicten.
Asimismo la intervención de Cablevisón ordenada por el juez Walter Bento como la medida cautelar dictada siguen vigentes y deberán ser cumplidas por Cablevisión.
 La empresa Supercanal termina afirmando que “actúa en defensa de sus intereses violentados y dañados por las conductas notoriamente anticompetitivas que causan perjuicio no solamente a ella, sino también a todos los consumidores argentinos, razón por la cual continuará e iniciará las acciones administrativas, civiles y penales que al efecto correspondan en defensa de sus intereses”.