Para el empresario, padre del jefe de Gobierno porteño, los Kirchner “no tienen nada que ver” con el procesamiento de su hijo. Sin embargo, afirmó: “Mauricio tampoco tiene nada que ver”

El empresario Francisco Franco Macri afirmó ayer que “pondría las manos en el fuego” para confirmar “que el Gobierno Nacional no tiene nada que ver” en la causa por las escuchas ilegales en la que fue procesado su hijo, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. “Estoy seguro que no es un proyecto del Gobierno hacer que Mauricio tenga problemas”, señaló el empresario, y agregó que su hijo “tampoco” tiene vinculación con la causa.
Las declaraciones de Franco Macri fueron difundidas ayer, luego de que el jueves, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del jefe de Gobierno porteño, como presunto miembro de una asociación ilícita que realizaba escuchas telefónicas.
El empresario acotó que “por debajo del Gobierno se manejan intereses, conveniencias e inconveniencias muy grandes”. En este sentido, remarcó que “Mauricio superará esta situación porque es una pavada. Realmente es una estupidez, una cosa casi ridícula”, subrayó.
“Se confundió mucho en todo esto, el hecho de que yo siempre protegí a mi familia desde el secuestro de dos de mis hijos con una empresa estadounidense autorizada por el Gobierno yanqui y ellos son los que han estado en todo eso”, aseguró.
Por último, Macri dijo que apoyaba a su hijo “con todo el corazón” y añadió que “a veces preferiría que él no anduviera por caminos que está recorriendo porque no son los más fáciles”. “Muchas veces uno hace las cosas bien pero no evita las críticas y los ataques”. “Él siguió su carrera, le va a ser duro, le va a doler porque es un hombre sensible y se exige mucho. Seguramente va a dar todo de sí por el país”, concluyó.

Sesión especial el martes
Por otro lado, los diputados de la oposición porteña buscarán hoy acordar los términos de la sesión especial prevista para mañana en la que debatirán los cursos de acción frente a la confirmación del procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas.
Según anticiparon fuentes parlamentarias, las fuerzas antimacristas manejan tres opciones: la conformación de una comisión Investigadora que analice la responsabilidad de Macri en la causa de espionaje, dar impulso a un juicio político por mal desempeño o el pedido de licencia al jefe del Ejecutivo local.
Sin embargo, el acuerdo que logren los doce bloques opositores estará supeditado a las conversaciones que mantengan en las próximas horas, en las cuales deberán dejar de lado las ansias de protagonismo que se observaron entre algunos diputados luego de la difusión del fallo de la Cámara Federal contra el líder del PRO.
Con un escenario –en principio fragmentado–, la oposición debate acciones en dos planos: el parlamentario y el “político”, a través del cual ya exhortaron a tomar licencia al jefe de Gobierno porteño al considerar que el distrito no puede estar conducido por una persona procesada.
Asimismo, en el camino legislativo estudian dar impulso a una de las herramientas previstas en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad y que prevé la conformación de una comisión Investigadora para que estudie el grado de responsabilidad de Macri en torno a la causa de espionaje.
Esta alternativa, que requiere de la votación de una mayoría simple en el recinto, cuenta con el respaldo expreso de los bloques Peronista, de Encuentro Popular para la Victoria, Nuevo Encuentro, Diálogo por Buenos Aires y algunos monobloques.
No obstante, la iniciativa no termina de convencer a las bancadas de la Coalición Cívica, Igualdad Social y de Proyecto Sur, quienes, confirmaron igualmente su presencia mañana en la sesión.

Dos meses de investigación
Esta comisión contaría con 15 miembros que serán los encargados, en 60 días, de redactar una “recomendación” al resto del cuerpo parlamentario, pero la observación de algunos diputados es que la resolución no adquiere un carácter vinculante, es decir, que sólo podría sugerir el juicio político a Macri.
Frente a ello, en algunos despachos de la Legislatura empezaron a hablar de iniciar directamente el juicio político, previsto en el capítulo cuarto de la Carta Magna, y cuya puesta en marcha requiere de 40 voluntades, cifra que, por ahora, la oposición no alcanza dado que cuenta con 36 bancas contra las 24 del macrismo.
“La idea de una comisión Investigadora no me parece porque no se puede andar por donde ya anduvieron los expedientes judiciales”, advirtió el legislador Martín Hourest.