Asociaciones vecinales y comerciales, instituciones civiles, la UTN y otras entidades apoyan el pedido de estos ciudadanos, hartos de la inseguridad

“La panadería, la librería, el rapipago, una moto, dos bicicletas, herramientas, celulares, otra vez el rapipago, la farmacia… no son elementos de un inventario familiar o comercial, sino los sucesos de robos a mano armada que ocurrieron en un radio de 10 cuadras en el barrio Barranquitas en 30 días”, señaló un grupo de vecinos e instituciones en un comunicado enviado a Diario UNO.
En relación a los últimos hechos delictivos registrados en esa zona de la ciudad, los ciudadanos manifestaron que “van progresivamente escalando en violencia hasta que el día sábado 17 de julio casi arrebatan la vida de un tercer vecino en pocos años”.
Sobre este episodio en particular, describieron: “La diferencia fue la escasa puntería y buena suerte de X (25 años). El agresor gatilló tres veces a su víctima después de que ésta le hubiese entregado su dinero. Un disparo dio en el costado de la mujer, uno impactó en una silla, y otro no salió. «Ya le había entregado todo y después le disparó…» nos comentó el papá de la víctima y nos preguntamos entonces qué quería llevarse: respuesta, su vida”.
El 7 de junio pasado los vecinos presentaron –aseguran que por tercera vez– una nota para reclamar ante el municipio por las luces quemadas de las avenidas López y Planes y Fray Cayetano Rodríguez.
“Esta asociación se conformó motivada por dos asesinatos –Mario Laracca y Luis Filippi– uno de ellos (el primero) aún sin esclarecimiento, y vemos que se están generando condiciones similares que tiempo después culminaron con muertes de nuestros vecinos, que son cuando el Estado en sus diferentes formas (seguridad, mantenimiento del espacio urbano, asistencia social, entre otras) no se evidencia como actor imprescindible del vivir cotidiano de los vecinos”, explicaron.

Carencias
“No hay móvil, no hay efectivos (hace unos años en la comisaría sexta había 60 asignados, hoy hay menos de 40), no hay combustible, no hay plata porque la Nación no gira los aportes, los que se fueron dejaron un desastre, no hay efectivos y por eso la patrulla urbana (caminantes) llega sólo hasta Iturraspe, la policía los captura y los jueces los liberan, los jueces los liberan porque las leyes así lo disponen, no hay, no hay, no hay… ni vergüenza queda”, y suenan a desolación las palabras de estos habitantes.
“Los funcionarios de todo el espectro estatal nos escuchan, acompañan, comprenden nuestro reclamo y hasta lo apoyan, se solidarizan… falta que firmen como asociación civil al pie de nuestra nota. Pero los malvivientes lejos de retroceder o intimidarse por el acompañamiento estatal escalan en la violencia porque ven campo propicio: el trabajo de la policía no es suficiente, falta vigilancia y tareas de prevención del delito, insuficiente tarea de los jueces y de los legisladores, en resumen falta de efectividad y coordinación de todos los niveles de gobierno”, agregan en su misiva al matutino.

Más allá del diálogo
“A veces nos da la sensación que todo el plan o sistema que el Estado pone en marcha para brindarnos seguridad termina ahí, en la etapa de diálogo con los demandantes. Un comerciante amigo indica «…no hay ningún plan, creer que ellos tienen un plan o sistema es nuestro principal error…»”, expresan los vecinos de Barranquitas.
Más allá de que se hayan sucedido decenas de reuniones y charlas, “la conclusión de los hechos hasta el momento es inequívoca, contundente, lineal… y esta asociación y las instituciones firmantes –en consecuencia– se preguntan el grado de interés que el gobierno provincial tiene realmente en nuestra seguridad e integridad, en proteger nuestra vidas”.
Y finalizan: “Los ciudadanos necesitamos ver que no sólo hay buenas intenciones y lindos discursos. Frente a la pérdida de una vida, todas las explicaciones burocráticas pierden sentido. Será necesaria otra muerte para que atiendan nuestro reclamo”.
Firman la nota instituciones barriales, asociaciones vecinales y comerciales, UTN, entre otras.