Había aducido cuestiones de conciencia que no están contempladas en la norma que sancionó el Congreso de la Nación. Hoy habrá una definición oficial

La provincia está dando los últimos pasos administrativos para responder al planteo de una oficial de justicia que se niega a casar a personas del mismo sexo aduciendo cuestiones de conciencia. “Vamos a pedir que se cumpla con la ley”, anticipó el secretario de Justicia de Santa Fe, Roberto Vicente. La decisión hace suponer que la respuesta, que se espera para hoy, no hará lugar al pedido.
“No corresponde porque para eso la objeción de conciencia debería estar contemplada en la normativa sobre casamientos del mismo sexo y no lo está”, aseguró Vicente. A modo de ejemplo, citó el caso de la ley sobre salud reproductiva que sí la prevé entre los profesionales de la salud si consideran que están en un dilema.
El pasado 20 de julio, una oficial de justicia de la ciudad de Santa Fe elevó una extensa nota ante las autoridades del Ministerio de Justicia en la que solicitaba ser relevada de sus funciones.
“Entendemos que no corresponde”, explicó el director del Registro Civil de Santa Fe, Leandro Trangoni. Y dijo que la diligencia para responderle está en manos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.
Según Vicente, la objeción de conciencia se plantea cuando se considera que al tener que cumplir con una norma o conducta resultan afectados creencias o principios morales o religiosos.
“En el caso que nos ocupa se trata de la ley sobre matrimonio del mismo sexo y la objetora es una oficial pública, pero ésta es una norma que el Congreso dictó en un debate muy responsable y representativo y que tiene como objetivo nivelar derechos”, argumentó el titular de la Secretaría de Justicia.
Para Vicente, “si el Congreso de la Nación no estableció ninguna excepción y no contempló la objeción de conciencia, entonces los oficiales públicos están obligados a cumplir con la ley”.

La objeción no funciona
La ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo generó reacciones en distintos frentes. Para el abogado constitucionalista Domingo Rondina, hay cuestiones de peso que no hacen lugar a dichos pedidos. “La objeción de conciencia es un derecho que asiste a una persona para no ser parte directa en un acto que afecte a sus ideas o creencias”, explicó. Y aclaró que dicha situación cambia radicalmente cuando se trata de invocarla desde un rol.
“Los funcionarios simplemente tienen que autorizar en forma burocrática el matrimonio en el que no están involucrados, no son ellos los que se casan, por lo tanto la objeción no funciona”, aseguró. Además, dijo que un funcionario público tiene que realizar las tareas que le encomienda su empleador y que, de acuerdo al derecho administrativo, por ser el Estado, se presumen legítimas.