La fiscal Elena Perticará dio curso a la denuncia penal presentada semanas atrás por un particular. Las sospechas recaen sobre dos funcionarios de la provincia

La titular de la Fiscalía Nº 5 de Santa Fe, Elena Perticará, dio curso a la denuncia penal presentada por un particular en la que se objeta la licitación para la contratación del servicio de emergencias 911. Así lo confirmaron los diputados provinciales del PJ, Alberto Monti y Jorge Lagna, quienes calificaron a la decisión judicial como “una gran noticia para el esclarecimiento de las dudas y las contradicciones” que existen sobre el tema.
Al respecto, la funcionaria de Tribunales solicitó al juez de Instrucción de la Tercera Nominación, Julio César Costa, que libre los oficios para pedir al gobernador Hermes Binner el pliego licitatorio, a la empresa Telecom si existió vínculo laboral con el actual director provincial de Comunicaciones, Horacio Gentile, y a la Cámara de Diputados los pedidos de informes que el bloque Santa Fe Federal presentó en relación a este caso desde abril pasado.
“A la denuncia penal que mencionamos se suman los pedidos concretos de dos de las empresas que se presentaron para suspender la apertura de los sobres con la oferta económica, a lo que esta administración autista y soberbia ha hecho caso omiso, fijando la fecha del viernes 30 de julio (hoy), para seguir adelante con una licitación que sólo suma objeciones y observaciones de todo tipo”, expresaron los legisladores del justicialismo.
Según Monti y Lagna, el actual director de Comunicaciones redactó el pliego y preside la Junta Evaluadora de la licitación, pero habría sido ejecutivo de una de las oferentes que se quedó con la explotación del 911. Esas sospechas se transformaron en un par de pedidos de informes que luego utilizó un particular para presentarse ante la Justicia.
A partir de esa situación, el querellante interpuso “formal denuncia por la presunta infracción a la ley penal a los fines de investigar la conducta de Horacio Gentile, que conforme a los hechos resulte penalmente responsable así como otros autores, cómplices y encubridores por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 174 y 265 del Código Penal y/o otros posibles actos de corrupción y/o ilícito penal”.

Faltan explicaciones
“Venimos diciendo desde hace tres meses que el pliego tiene severas anormalidades, otorgando enormes puntajes a la magnitud de las empresas y una valuación ridícula al desarrollo del software de 911, que en definitiva representa el alma del sistema, porque un call center lo puede instalar cualquier telefónica, pero operar un sistema de emergencias de estas características requiere de un know how (saber-cómo) y una experiencia que parece no ser tenido en cuenta por los funcionarios políticos de la gestión Binner, sobre todo el cuestionado Horacio Gentile y el secretario de Tecnología, Javier Echaniz, ambos empleados del ministro Antonio Bonfatti”, dijeron los diputados del PJ.
“No vamos a aceptar bravuconadas mediáticas, ni ataques personalizados para intentar desviar la atención sobre el fondo del asunto. Pedimos explicaciones concretas y no sólo nosotros como legisladores tenemos dudas sobre esta licitación sino que ahora también el Poder Judicial quiere saber qué es lo que en realidad pasa con la contratación del 911, por lo que sería saludable para las instituciones que Binner y Bonfatti suspendan preventivamente los términos de este proceso hasta tanto el juez de Instrucción dictamine con todos los elementos en la mano”, finalizaron los dirigentes.