Decenas de personas fueron detenidas ayer en Arizona, en manifestaciones pacíficas contra la entrada en vigor de la norma, limitada por una jueza, que penaliza la inmigración ilegal

La creciente batalla judicial en torno a la polémica ley migratoria del estado norteamericano de Arizona tensó ayer aún más el ambiente en Estados Unidos entre los que defienden la medida y los que se oponen a aceptar una ley calificada como “inconstitucional”. La gran comunidad latina en la sureña Arizona se sintió aliviada tras un fallo judicial que el miércoles bloqueó los artículos más hostiles de la ley para sus críticos, pero la luz de esperanza se atenuó porque el resto de la norma de todos modos entró ayer en vigor y el gobierno estatal apeló el freno de sus aspectos polémicos.
La situación de los hispanos en el estado, por lo tanto, es todavía foco de preocupación. “Aquí por un lado la gente está contenta, pero por otro quedaron muchos hoyos”, explicó el activista Salvador Reza, quien vive en Arizona hace más de 20 años y que a pesar de ser ciudadano siente el poder que posee la policía para “hacer el trabajo de inmigración”.
El principal exponente de este poder policial es el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por perseguir a los indocumentados y por crear unas “tiendas-cárcel” donde residen bajo el calor del desierto y condiciones precarias inmigrantes arrestados por indocumentados.
El sheriff tiene más de 2.700 demandas en su contra por abusos de autoridad, cargos que rechaza.
Arpaio fue también uno de los principales auspiciantes de la polémica ley SB 1070, que recibió el miércoles el aval de la jueza distrital Susan Bolton para entrar en vigencia aunque con el bloqueo de algunos de sus artículos más polémicos, en respuesta a un recurso presentado por el gobierno del presidente Barack Obama.

Los puntos polémicos
Entre ellos figuran los que obligan a la policía a determinar el estatus migratorio de una persona detenida en la calle, presa o arrestada, así como el que crea la obligación para los inmigrantes de llevar documentación y la que clasifica como crimen para los inmigrantes ilegales solicitar un trabajo o trabajar.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aseguró estar “decepcionada” por la decisión de Bolton, aunque la calificó de “bache en el camino” y ayer recurrió la sentencia, lo que eleva las chances de una larga batalla legal entre Arizona y el gobierno central que podría terminar en la Corte Suprema.
Los activistas opositores a la ley dicen que promueve el racismo y la discriminación de los latinos, pero la administración Obama la recurrió no por esto sino por considerar que limita la competencia exclusiva que según la Constitución tiene el gobierno central en temas de política exterior, incluyendo inmigración. En un comunicado al anunciar la apelación, Brewer reiteró hoy su postura de que la ley fue una respuesta al fracaso del gobierno central en el combate a la inmigración ilegal.
“Si el gobierno federal quiere encargarse de la inmigración ilegal y no quiere ayuda de los estados, entonces tiene que hacer su trabajo. Arizona no tendría este problema si el gobierno federal cumpliera sus responsabilidades”, acusó la gobernadora.
Aunque desde la perspectiva opuesta, lo mismo sostienen quienes se oponen a la ley de Arizona por considerar que con ese tipo de legislaciones –como dijera Salvador Reza– “no más ser moreno es suficiente para que te paren”.
El fallo de Bolton no detuvo las prometidas protestas de opositores a la ley, y unas 50 personas fueron detenidas ayer en Phoenix, capital de Arizona, en manifestaciones pacíficas.